Un borde. Es como definen quienes conocen a Santiago Santana Cazorla. El empresario de Tunte que a principios de la pasada década abrazó la fe marroquí tras ser salpicado por casos de corrupción política en Canarias del periodo entre 2005 y 2011 ha dado un paso más en su salida de los negocios de Canarias al permitir a su hermano saltarse el derecho de tanteo de la venta del 50% que tiene en la matriz del grupo y, por tanto, en todo el rosario de empresas que tiene en fase terminal en los juzgados mercantiles. 5.000 familias entre políticos, construcción, servicios municipales y turismo han dependido de este grupo. Su presencia en los periódicos comenzó con el caso La Favorita, una permuta montada con el PP en Las Palmas.
Lopesan ha sacado partido a la ambigua red hasta en punto que ha entrado en la cocina de la joya de la corona de efectivo del grupo, Anfi del Mar, donde Santana Cazorla se ha complicado la vida al mantener un pulso absurdo con un monstruo que maneja 1.000 millones de euros para compras. Y, en ese capítulo de compras, el de la salida del dueño del 50% de la mitad de Anfi, es decir, Lopesan puede manejar cuando sea autorizado a disponer del 75% de Anfi del Mar y realizar una ampliación de capital para quitarse del medio a Santiago Santana.
Santana Cazorla en 2009 fue exculpado de un delito de tráfico de influencias que se le achacaba en el marco de la investigación del denominado 'caso Góndola', que investigaba la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán desde el verano de 2006. El fiscal, por su parte, no recurrió la sentencia judicial al no apreciar delito, después de que el auto exculpatorio razone que no queda "suficientemente justificada la existencia de alguno de los elementos que constituyen delito de tráfico de influencias que dio lugar a la formación de la causa", afirmaba en 2009 a Europa Press.
En pleno estallido de la burbuja inmobiliaria y quiebra de bancos Santana Cazorla se quedó sin liquidez con decenas de contratos sin cobertura financiera. Esto forzó la entrada de FCC en municipios como Telde y, posteriormente, la Justicia le dio la razón obligando al ayuntamiento a abonar decenas de millones de euros. Pero el dinero que llegaba se iba al saco sin fondo de las promociones no vendidas, intereses de deuda y caprichos económicos que solamente se puede hacer en una sociedad anónima de tipo vertical. "Nos empezó la crisis dos años antes que al resto. Y eso económicamente es fuerte para el grupo, porque es perder el ritmo, para la creación de nuevos puestos de trabajo, de creación de proyectos y una desmotivación en los directivos y en mí mismo", decía en 2009. Denunció entonces que el secreto de sumario de su imputación estuvo 18 meses congelado. "Pero mi daño moral lo sé yo sólo y no lo cambio por 500 millones de euros". "Creo que fui un blanco del teatro, del circo que se montó en Canarias en base a eso. Y como yo, eso lo piensa mucha gente, aunque está claro que no se puede comprobar, pero yo lo pienso, por supuesto", señala.
