La batalla por el control estratégico del muelle de Santa Águeda ha entrado en una fase de colisión legal tras el incumplimiento de los plazos administrativos por parte de la multinacional Votorantim y el grupo Masaveu. El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, confirmó este jueves a Maspalomas24H que el proceso de desalojo de la cementera Ceisa se dirige inevitablemente a una judicialización total, al haberse superado la fecha límite de mayo de 2026 sin que la empresa haya abandonado las instalaciones portuarias.
A pesar de que el Ejecutivo canario ha solicitado medidas cautelares para recuperar el dominio público, el juzgado mantiene el silencio administrativo, prolongando un conflicto que bloquea la reconversión turística y náutica del sur de Gran Canaria. El pulso se centra en una resolución de Puertos Canarios que denegó la prórroga de la concesión, exigiendo el desmantelamiento de silos, grúas y una nave de graneles de 5.550 metros cuadrados.
El estancamiento de un cronograma crítico
El plan original diseñado por el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, proyectaba la liberación total del puerto para mediados de 2027. Sin embargo, la resistencia de la cementera —que opera bajo una concesión que venció técnicamente en 2022 tras 50 años de actividad— ha descarrilado este calendario. Ceisa fundamenta su permanencia en la necesidad de vincular la concesión portuaria a su explotación minera hasta 2046, un argumento que el Gobierno regional rechaza al considerar que el mineral extraído ya no requiere del uso intensivo del muelle para su exportación.
La parálisis judicial supone un revés para la planificación territorial del municipio, donde el uso industrial de Santa Águeda se percibe como una anomalía frente al desarrollo residencial y hotelero colindante. Mientras el Ejecutivo insiste en que el mineral se traslada por vía terrestre y que el muelle ya no es esencial para la fábrica, la propiedad de Ceisa mantiene el litigio vivo, habiendo obtenido previamente un respaldo en primera instancia que actualmente se encuentra recurrido ante la Audiencia Provincial.
Riesgo reputacional y activos en el limbo
Para Votorantim y Masaveu, la permanencia en Santa Águeda se ha convertido en un desafío de gestión de activos frente a un Gobierno que exige un inventario de desmantelamiento exhaustivo. Los informes técnicos obligan a la empresa no solo a retirar la maquinaria, sino a garantizar la integridad estructural del dique de abrigo y realizar una remediación ambiental profunda de los suelos contaminados por aceites y lubricantes.
La judicialización del conflicto eleva la incertidumbre sobre un puerto cuya naturaleza jurídica de "bien patrimonial" es clave para el mix turístico de la isla. Con el silencio de los tribunales sobre las cautelares solicitadas por Pablo Rodríguez, la "salida pacífica" de la industria pesada del sur de Gran Canaria queda suspendida, transformando una decisión administrativa en un laberinto legal de consecuencias imprevisibles para la inversión en el litoral canario.
