Si no se puede cobrar no se cobra. La red de transporte interurbano de Gran Canaria se enfrenta a una amenaza de parálisis estructural tras el ultimátum lanzado por el comité de empresa de Global. La mayor concesionaria de transporte de viajeros del archipiélago cuenta con un margen de quince días para resolver las deficiencias técnicas de su nuevo sistema de pago antes de que los conductores inicien paros parciales. La crisis, lejos de limitarse a una disputa laboral convencional, expone las costuras de un modelo de movilidad tensionado por la gratuidad del servicio y la falta de capacidad de la flota para absorber la demanda en las horas punta.
La raíz del conflicto radica en la implantación obligatoria de los nuevos terminales de cobro a bordo, adjudicados por el Cabildo de Gran Canaria al Grupo Etra. El despliegue de esta tecnología, diseñado teóricamente para modernizar el acceso mediante tarjetas TransGC, bonos residentes y pagos bancarios, ha derivado en un fallo operativo sistémico. Según denuncia Santiago Domínguez, presidente del comité de empresa, los terminales sufren bloqueos aleatorios en pleno servicio para ejecutar actualizaciones automáticas de componentes, forzando detenciones de más de diez minutos e interrumpiendo la regularidad de las frecuencias en las rutas más saturadas de la isla.
El informe remitido por los trabajadores a la dirección de Global detalla un catálogo de errores de software que comprometen la recaudación diaria y la seguridad jurídica de los chóferes. Los nuevos terminales de Etra rechazan sistemáticamente títulos de viaje válidos, alteran las paradas de inicio y destino en trayectos críticos como la línea 01 (Las Palmas-Mogán) y aplican tarifas erróneas en rutas de alta ocupación como la línea 90 según se opere en servicio asignado o de refuerzo. El sistema impone además un límite de 20 euros para pagos con tarjeta de crédito, obligando a fragmentar un único billete en varias transacciones y bloqueando aquellas operaciones que requieren la introducción del número PIN.
La gestión del dinero en efectivo ha introducido una ineficiencia añadida en la operativa diaria. La eliminación del redondeo a cinco céntimos en las nuevas tarifas obliga a los conductores a manejar transacciones con monedas de uno y dos céntimos, un fraccionamiento que carece de provisión de caja por parte de la empresa. Los trabajadores afirman verse obligados a aportar divisas de su propio bolsillo para evitar conflictos con unos usuarios que sufren retrasos generalizados. Esta situación ha llevado a que numerosas guaguas circulen bajo el rótulo virtual de "Fuera de Servicio" para mitigar los tumultos en las paradas, recurriendo a carteles de papel en el parabrisas para que los viajeros puedan identificar las líneas periféricas.
La resolución del conflicto exige una negociación tripartita que sitúa la presión política directamente sobre el Cabildo de Gran Canaria, titular de la concesión y órgano de contratación de los sistemas de Etra. La dirección de Global actúa en este escenario como intermediario de una plantilla que describe niveles críticos de ansiedad e impotencia ante la masificación de los vehículos. La combinación de un sistema informático defectuoso con la gratuidad del billete aprobada por las instituciones ha eliminado el colchón de tiempo que los conductores utilizaban para garantizar los descansos obligatorios entre expediciones.
La crisis de Global evidencia los riesgos de acelerar la digitalización de servicios públicos esenciales sin un periodo de pruebas en entornos reales de alta densidad. La amenaza de huelga en el motor de la movilidad insular pone en riesgo la conectividad de los trabajadores del sector servicios hacia los núcleos turísticos del sur, un escenario que forzará al Cabildo a auditar con urgencia el contrato de mantenimiento tecnológico si desea evitar el colapso del transporte por carretera antes de que expire el plazo de dos semanas fijado por la plantilla.
