El motor inmobiliario y de infraestructuras del sur de Gran Canaria afronta un escenario de parálisis indefinida. La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de anular la revisión de 2022 del Plan Insular de Ordenación (PIO) ha provocado una inmediata congelación de las carteras de inversión. Los promotores y fondos internacionales que operan en los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán han optado por suspender la tramitación de nuevos proyectos hoteleros y residenciales ante el riesgo de que las autorizaciones administrativas deriven en un colapso legal en cascada.
En el sector inmobiliario y de la promoción en Canarias, el horizonte temporal estimado para resolver este escenario es de 4 a 6 años. Este cálculo se basa en: El recorrido judicial de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo anunciado por el Cabildo de Gran Canaria tardaría entre 2 y 3 años en resolverse. La vía administrativa: Si el Supremo ratifica la anulación del TSJC, redactar, tramitar y aprobar una nueva revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO) requiere, en el mejor de los escenarios burocráticos, otros 3 años de tramitación pública.
El varapalo judicial cobra una dimensión crítica en el sur de Gran Canaria, un entorno donde la escasez de suelo ordenado y la lentitud burocrática ya obligaban a las compañías a esperar hasta diez años para ver aprobados sus planes de actuación. La patronal provincial insiste en que solo la persistencia empresarial evita un cierre patronal generalizado en una industria que sostiene más de 60.500 empleos directos en el archipiélago.
El pronunciamiento del TSJC responde de manera directa a un recurso interpuesto por el grupo turístico Lopesan, además de otros 13 grupos empresariales que están al caer en forma de cascada, la principal compañía alojativa de la isla, evidenciando que el propio sector vacacional identifica graves deficiencias en el marco regulatorio del Cabildo de Gran Canaria.
El tribunal fundamenta la nulidad del PIO en la improcedencia de adaptar el planeamiento insular a directrices y normativas urbanísticas que ya se encontraban derogadas en el momento de su aprobación. Esta tesis judicial inhabilita la hoja de ruta que debía regir la modernización de los núcleos turísticos maduros del sur, afectando tanto a las licencias de renovación hotelera como al desarrollo de nuevas áreas residenciales destinadas a mitigar la emergencia habitacional del personal de servicios.
A pesar de que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha defendido la plena vigencia del plan territorial hasta que la sentencia adquiera firmeza mediante un futuro recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la patronal considera que esta estrategia es insuficiente para restablecer la confianza del capital privado. Desde la AECP se exige una revisión técnica inmediata del documento para subsanar los errores señalados por el tribunal y evitar un efecto de "tierra quemada" que destruya los proyectos en fase de ejecución. La incertidumbre actual no solo paraliza las grúas en las parcelas turísticas de Meloneras o el barranco de Arguineguín, sino que amenaza con invalidar de forma retroactiva las licencias concedidas bajo el amparo del plan anulado.
La crisis regulatoria trasciende la mera tramitación de licencias y golpea directamente a la cadena de suministro de la construcción en el sur de la isla. La anulación del PIO deja en el limbo la ordenación de las explotaciones mineras de áridos, un recurso catalogado como estratégico y de interés general por la Unión Europea dentro de su política industrial fit for 55. La paralización de estos sectores extractivos agrava la dependencia exterior de las islas en cuanto a materiales básicos, encareciendo los costes de edificación en un momento de alta inflación logística y comprometiendo la viabilidad financiera de las obras públicas y privadas planificadas para el presente ejercicio.
La repercusión de este bloqueo territorial también genera preocupación en la provincia vecina, aunque desde una perspectiva de solidaridad sectorial. El bloqueo político y judicial del suelo en el sur de Gran Canaria introduce un factor de riesgo que podría desviar el capital peninsular e internacional hacia mercados competidores de la península, Marruecos o Cabo Verde, según las previsiones del sector.
