Parecía que tenía media batalla ganada pero el nivel de vulnerabilidad que tiene Ceisa en el sur de Gran Canaria se ha disparado desde este mes de mayo. El futuro industrial de la bahía de Santa Águeda tiene los días contados. A pesar de las medidas cautelares de un auto en lo Contencioso, que Ceisa ha anunciado pero no difundido en su integridad, que serán recurridas por el Gobierno de Canarias, hay novedades con las que la propiedad de la planta no ha querido contar a los medios en Las Palmas. Y es que la anulación del plan de ordenación del suelo de Gran Canaria obligará a redactarlo de nuevo y la previsión es que se le quite el blindaje con el que ha gozado hasta ahora la asturiana Masaveu y la brasileña Votorantim, dueños de Ceisa.
La batalla legal en el Tribunal Supremo del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria añade un horizonte de incertidumbre a Masaveu y Votorantim que los expertos cifran en un mínimo de tres a cinco años, es decir, el tiempo que ya habían previsto los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias en cuerpo a cuerpo por entrar a gestionar su puerto y ejecutar la orden de salida dado que ya no tiene licencia autonómica para operarlo.
Esto no afecta solamente a la cementera de Santa Águeda sino con las plantas de extracción de áridos para el abastecimiento de material. Y es que las nuevas directrices del nuevo PIO de Gran Canaria operarán como el ejecutor definitivo de la actividad fabril en el litoral de San Bartolomé de Tirajana. El nuevo marco regulatorio diseñado por el Cabildo estará redactado con un objetivo nítido: eliminar el blindaje que protegía de forma excepcional el suelo de El Pajar para acelerar la salida de la cementera y consolidar de una vez por todas la reconversión turística de la zona sur.
La pérdida de la condición de suelo industrial en el nuevo planeamiento insular supone un giro de ciento ochenta grados en la estrategia de ordenación del territorio costero. Durante décadas, la factoría retuvo su posición en primera línea de playa amparándose en la singularidad de sus derechos de explotación y la protección de su infraestructura portuaria. Sin embargo, las nuevas reglas del juego urbanístico suprimen estas exenciones normativas, impidiendo que la cementera pueda renovar sus licencias de actividad esenciales ante el consistorio local una vez que el nuevo PIO entre en plena vigencia. Este estrangulamiento administrativo desactivará cualquier intento de la multinacional por prolongar su estancia mediante recursos judiciales ordinarios.
El endurecimiento del planeamiento insular desarma el principal argumento de defensa de Ceisa para retener el control del muelle, que operadores como Cordial optarán por su gestión o acceso desde sus inversiones en zona de costa. El nuevo PIO decreta la incompatibilidad absoluta de la industria pesada en este sector de la costa, abriendo la puerta a una intervención institucional que acelerará la salida de la cementera de Santa Águeda de forma irreversible. Al quedar el suelo desprovisto de su calificación fabril, la administración portuaria autonómica dispondrá del respaldo legal definitivo para extinguir la ocupación de la dársena, un paso que neutralizará los litigios cruzados sobre la prórroga concesional que la empresa pretendía estirar hasta el año 2046.
Este nuevo escenario normativo neutraliza el impacto de las medidas cautelares dictadas por los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, las cuales solo logran retrasar de forma temporal el desmantelamiento físico de las instalaciones bajo argumentos de protección patrimonial. El Cabildo insular ha diseñado el nuevo mapa de usos del suelo del sur de Gran Canaria para que actúe como un rodillo legal. Al desvincular la economía de la bahía de la producción de cemento, la ordenación territorial fuerza una transición estructural que sitúa el interés general del sector vacacional, el ocio náutico y la sostenibilidad medioambiental por encima del beneficio de la explotación industrial histórica.
La batalla legal en el Tribunal Supremo añade un horizonte de incertidumbre que los expertos cifran en un mínimo de tres a cinco años. El primer escollo técnico radica en el trámite de admisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, un filtro severo donde el alto tribunal decide en un plazo de seis a nueve meses si el recurso del Cabildo de Gran Canaria presenta un verdadero interés casacional objetivo. De ser admitido a trámite, el procedimiento entra en una fase de sustanciación, personación de las partes y formulación de oposiciones que, sumada al volumen de asuntos pendientes en la agenda del Supremo, retrasa la deliberación y el fallo definitivo un promedio de veinticuatro a treinta y seis meses más. Durante todo este periplo judicial, la ordenación del territorio en el sur de la isla permanecerá suspendida en un limbo normativo, bloqueando la planificación estratégica de los inversores internacionales hasta que se dicte una sentencia firme que determine si el Plan Insular debe ser anulado definitivamente o validado en sus términos actuales.
