El Ministerio de Hacienda ha desplegado un paquete de medidas de alivio fiscal directo para el maltrecho sector primario de las islas. Una orden del 14 de mayo, introduce una rebaja sustancial en los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para el periodo impositivo 2025. El documento normativo justifica esta intervención excepcional por la concurrencia de circunstancias climáticas adversas, plagas estructurales y la sequía persistente que han mermado los rendimientos de las explotaciones agrarias y ganaderas del archipiélago.
La flexibilización tributaria tiene un impacto directo en los productores del sur de Gran Canaria, una comarca donde la escasez de recursos hídricos y las olas de calor sahariano comprometieron la viabilidad económica de los cultivos tradicionales durante el pasado año. Los términos municipales de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes e Ingenio concentran el grueso de las reducciones de módulos, permitiendo a los agricultores minorar la base imponible de sus declaraciones de la renta en plena campaña de presentación del impuesto.
El municipio de San Bartolomé de Tirajana capitanea el volumen de rebajas impositivas de la franja sur insular debido a la diversidad de su tejido agrícola de medianías. El nuevo esquema fiscal fija el índice de rendimiento neto para la apicultura en el 0,09, mientras que los cultivos de cítricos experimentan un recorte drástico hasta situarse en el 0,05. Los frutos no cítricos, con mención expresa a las plantaciones de aguacate y albaricoque, ven reducido su módulo al 0,07, un porcentaje idéntico al asignado a producciones emergentes como el mango. Los frutos secos, tradicionalmente representados por la almendra en los pagos altos del municipio, caen al 0,05, al igual que los productos derivados del olivo, cuyo índice se desploma al 0,05. La uva para vino con Denominación de Origen (D.O.) se estabiliza en un módulo del 0,11.
Las localidades vecinas de Mogán y Agüimes, caracterizadas por condiciones térmicas similares, comparten una estructura de alivio centrada en tres pilares productivos esenciales para la economía rural local. La apicultura comparte la tasa del 0,09, los productos del olivo se consolidan en el mínimo del 0,05 y las parcelas dedicadas a la uva para vino con D.O. se tasarán bajo el índice del 0,11. Este marco regulatorio busca detener el abandono de las explotaciones familiares que actúan como barrera frente a la desertificación en los barrancos del sur.
En la linde oriental de la comarca, el municipio de Santa Lucía de Tirajana comparte los mismos parámetros excepcionales de corrección fiscal. La apicultura (0,09), el olivar (0,05) y la viticultura con D.O. (0,11) se equiparan a las directrices generales de la cuenca sur, beneficiándose además de un recorte al 0,05 en el rendimiento de los frutos secos, una medida idéntica a la aprobada para las explotaciones agrícolas del municipio de Tejeda, en la cumbre de la isla.
El ajuste de los índices de estimación objetiva supone una inyección indirecta de liquidez para un sector asfixiado por el incremento de los costes de los insumos, la energía para la desalinización de aguas y el encarecimiento de los fletes de transporte. La patronal agraria de Gran Canaria valora la publicación de la Orden HAC/484/2026 como un balón de oxígeno necesario, si bien recuerda que estas bonificaciones en el IRPF corrigen los resultados de un ejercicio 2025 marcado por pérdidas de producción generalizadas en los cultivos de secano y frutales de hueso de las zonas altas de los municipios turísticos.
La orden ministerial agota la vía de los plazos técnicos de corrección para la campaña en curso, permitiendo aplicar las nuevas tablas de forma automatizada en el sistema tributario de las agencias de recaudación. El mantenimiento de estos incentivos fiscales en el sur insular resulta estratégico para sostener el relevo generacional en la agricultura del archipiélago, muy presionada por la absorción de mano de obra por parte del sector servicios y la planta hotelera litoral, garantizando una mínima cuota de soberanía alimentaria y la preservación del paisaje rural tradicional que circunda las zonas turísticas de Maspalomas, Mogán y el sureste de Gran Canaria.
