Las estadísticas de ventas de cemento al por mayor desvelan el estancamiento de la actividad agraria de Gran Canaria en comparación con el dinamismo constructor. La isla demandó un volumen neto de 193.796 toneladas de cemento, una cifra estancada respecto a las 193.888 toneladas registradas en periodos anteriores y por debajo de las 216.467 toneladas del pico de la serie histórica del decenio. Este consumo masivo de insumos por parte de las constructoras absorbe la mano de obra disponible y encarece los costes de edificación de naves logísticas, cámaras frigoríficas e invernaderos de alta tecnología, esenciales para que la fruta y hortaliza insular compita en los mercados mayoristas europeos.
El mercado de la vivienda libre nueva en la provincia de Las Palmas muestra síntomas de desaceleración relativa que tensionan la economía insular. Las transacciones de inmuebles residenciales en la demarcación oriental anotaron un aumento de apenas el 7,22%, consolidando 980 operaciones frente a la expansión del 24,29% registrada en la provincia occidental. Este menor empuje inmobiliario en Gran Canaria, que aun así retiene el 55,27% de las compraventas de la comunidad autónoma, mantiene inmovilizados grandes flujos de capital financiero en activos de lento retorno, impidiendo el desvío de inversiones hacia la modernización de los regadíos y la digitalización de los procesos de empaquetado de la fruta de exportación.
El desajuste crónico entre la oferta y la demanda de vivienda libre en Canarias genera un saldo negativo acumulado que impacta indirectamente en las zonas de cultivo del litoral. El mercado cerró el último ejercicio con un excedente de -1.379 viviendas, resultado de la terminación de 3.152 inmuebles frente a solo 1.773 operaciones de compraventa efectivas. Este desfase perpetúa un modelo de ocupación del territorio costero donde las promociones residenciales inacabadas y los desarrollos urbanísticos compiten de forma directa por los acuíferos y el suelo rústico de alta productividad, desplazando las plantaciones tradicionales de plátano y tomate hacia zonas de mayor coste operativo.
La licitación oficial en la comunidad autónoma escaló un 60,65% anual, alcanzando los 1.597 millones de euros, impulsada por el desvío de 995 millones de euros hacia proyectos de ingeniería civil y 602 millones euros a edificación pública. La absorción de recursos financieros y técnicos por parte de las constructoras para ejecutar obra civil limita la capacidad del Gobierno regional para subvencionar las infraestructuras de desalinización y el transporte marítimo de mercancías perecederas, dejando al campo de Gran Canaria desprotegido ante la agresiva competencia de terceros países africanos y americanos.
