La estructura de control de la aviación no comercial en el archipiélago experimenta un vuelco regulatorio definitivo. El Gobierno de Canarias asumirá en 2027 formalmente las funciones de supervisión e inspección del Aeródromo de Maspalomas - El Berriel (OACI: GCLB), una prerrogativa administrativa que hasta la fecha ejecutaba la entidad pública estatal Enaire. El traspaso competencial segrega la gestión de las infraestructuras de interés general del Estado —los ocho aeropuertos comerciales integrados en la red de AENA— de aquellos activos orientados a la aviación general, deportiva, sanitaria o de emergencias que operan en suelo canario.
La nueva arquitectura de supervisión autonómica abarca un despliegue de activos críticos distribuidos en el resto de las islas no capitalinas. El inventario regulado incluye el aeródromo majorero de El Jarde, en Antigua, enfocado a la aviación ultraligera (ULM), y una red de helipuertos sanitarios autorizados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Estas plataformas dan soporte a las evacuaciones médicas de los hospitales universitarios de Canarias y La Candelaria en Tenerife, el Hospital Insular de Gran Canaria, y los centros hospitalarios generales de La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote.
La instalación turística y docente del sur de Gran Canaria encabeza el catálogo de las once infraestructuras aéreas exclusivas que pasan a estar bajo la tutela directa de la administración autonómica. El cambio normativo sitúa al Ejecutivo canario como el garante de la seguridad y el cumplimiento operativo en una pista privada cuyos terrenos pertenecen históricamente al Condado de la Vega Grande. La superficie, gestionada desde el año 2020 por la compañía Canavia Líneas Aéreas tras expirar el derecho de superficie de cincuenta años que ostentaba el Real Aeroclub de Gran Canaria, consolida su posición como el nodo de aviación ligera más activo de la provincia oriental.
Las características técnicas de El Berriel exigen una rigurosa coordinación de tráfico aéreo debido a su singular ubicación geográfica. El aeródromo dispone de una pista de asfalto de 800 por 20 metros, tres hangares destinados a talleres de reparación y almacenamiento de aeronaves, y puntos de suministro de combustibles especializados como el JET A1, 100 LL y gasolina SP98. La instalación opera bajo la modalidad de aeródromo no controlado, careciendo de servicio de torre ATC convencional. Las tripulaciones ejecutan sus maniobras mediante comunicaciones cruzadas en la frecuencia de banda aérea 122.700 MHz, encontrándose el campo de vuelo confinado de forma íntegra dentro del espacio aéreo controlado (CTR) del Aeropuerto de Gran Canaria.
El decreto que se prepara ampara también las bases operativas de las brigadas helitransportadas de extinción de incendios forestales (BRIF y EIRIF), el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y Salvamento Marítimo (SASEMAR). Las infraestructuras clave bajo supervisión directa comprenden los helipuertos de La Guancha y Los Rodeos en Tenerife, las bases de El Cuartón y Artenara en Gran Canaria, los enclaves palmeros de Puntagorda y Los Llanos de Aridane, y los helipuertos forestales de Alajeró y El Cedro en La Gomera, blindando la capacidad de respuesta logística ante contingencias climáticas y rescates marítimos en el perímetro del archipiélago.
