La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado una pena de cinco años de prisión para un hombre acusado de propinar una paliza a su expareja en el interior de un vehículo en marcha en el sur de Gran Canaria. El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, elevado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de San Bartolomé de Tirajana, interesa la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Las Palmas contra el encausado C. d. J. A. C. por un delito de lesiones agravadas con la concurrencia de la circunstancia mixta de parentesco operando como agravante. La acusación relata un episodio de extrema violencia física que derivó en la pérdida de una pieza dental y fracturas óseas maxilares a la víctima, quien sufrió la agresión en plenas arterias de conexión turística de la comarca meridional.
El suceso se localiza cronológicamente en la madrugada del 9 de diciembre de 2023 en la Avenida de la Unión Europea, el vial urbano que conecta los núcleos residenciales del municipio con la carretera general GC-500. El acusado viajaba en el asiento del copiloto del automóvil que conducía la víctima, E. A. R., con quien había mantenido una relación sentimental de año y medio acompañada de varios meses de convivencia. En el transcurso de una discusión verbal, el procesado actuó con el ánimo de menoscabar la integridad física de la mujer, comenzando a propinarle reiterados puñetazos en el rostro y a zarandearla de forma violenta mientras el vehículo se encontraba en circulación, comprometiendo de manera directa la seguridad vial de la zona.
El relato de la fiscalía detalla que la víctima intentó repeler el acometimiento empujando la cara del agresor con la única intención de defenderse y frenar los golpes, sin que mediara provocación previa por su parte. La reacción del acusado consistió en asir con fuerza la cabeza de la conductora, empujándola e impactándola en repetidas ocasiones contra el cristal de la luna delantera izquierda del coche. Las peritaciones médicas aportadas a la instrucción judicial descartan cualquier tipo de responsabilidad penal sobre la mujer, determinando de forma estricta que las lesiones leves que presentó el varón tras el altercado fueron causadas exclusivamente en el ejercicio legítimo de su defensa ante la gravedad del ataque.
Las secuelas físicas derivadas del traumatismo exigieron una intervención quirúrgica y odontológica de urgencia. El parte forense constata la pérdida del incisivo central superior izquierdo, la erosión profunda del labio, hematomas severos en la región malar izquierda y erosiones en la zona cervical posterior. La afectada requirió un tratamiento especializado de reposición dental y la reparación de piezas adyacentes dañadas por los impactos, sumando siete días de baja impeditiva para sus ocupaciones habituales. El informe médico legal consolida una secuela permanente evaluada en dos puntos de perjuicio estético derivado de la alteración de la fisonomía bucodental.
La calificación jurídica del Ministerio Público encuadra los hechos en el artículo 150 del Código Penal, relativo a las lesiones que producen la pérdida o deformidad de un órgano o miembro no principal. Además de la pena privativa de libertad, la fiscal solicita la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la imposición de una orden de alejamiento obligatoria. El acusado no podrá aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de E. A. R., de su domicilio o de su puesto de trabajo en el sur de la isla, quedando vetado cualquier tipo de contacto escrito, verbal o telemático por un periodo de siete años.
El capítulo de la responsabilidad civil exige el abono de una indemnización global de 6.259,84 euros a favor de la perjudicada, cantidad que devengará el interés legal del dinero fijado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El desglose económico consigna 433,23 euros por los días de perjuicio particular moderado, 3.932,00 euros destinados a sufragar los costes de subsanación del daño estético y 1.894,61 euros en concepto de compensación por las secuelas físicas permanentes. El procedimiento encara su recta final para la designación de la sala de la Audiencia Provincial que albergará la vista oral en los próximos meses.
