La estabilidad institucional en el sur de Gran Canaria atraviesa un periodo de máxima turbulencia. Un contundente dictamen de la Dirección General del Régimen Jurídico Autonómico y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España, ha desatado un auténtico terremoto político en la comarca meridional al desautorizar la estrategia del alcalde de Santa Lucía de Tirajana y de los cinco concejales que gobiernan con él tras ser expulsados de Nueva Canarias (NC). En el caso de San Bartolomé de Tirajana, AV-PP puede pedir la misma ejecutoria porque están en el mismo caso el grupo de ediles que lidera Samuel Herníquez.
El informe del Ejecutivo central deja en una posición extremadamente comprometida a los ediles rebeldes de la formación nacionalista, ratificando de forma nítida que la legislación básica local no puede ser interpretada por órganos autonómicos para esquivar la condición de tránsfugas.
El conflicto competencial se originó cuando el regidor decidió ampararse en un informe de la Viceconsejería de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, un documento que contravenía el criterio del secretario municipal y de recientes autos judiciales. El Ministerio de Política Territorial aclara en su resolución que las normas que regulan la organización de los ayuntamientos tienen carácter básico estatal, obligando a una aplicación homogénea en todo el país. La dirección nacional de NC ha celebrado este dictamen, exigiendo la restitución inmediata de la legalidad institucional y la anulación de las ventajas políticas concedidas a los representantes expulsados.
La ofensiva de los concejales fieles a las siglas de Nueva Canarias —Leví Ramos Sánchez, Yaiza Pérez Álvarez y Ofelia Alvarado Santana— se ha trasladado de inmediato a los registros oficiales. Los tres ediles han interpuesto un recurso de reposición formal para obligar al alcalde de Santa Lucía de Tirajana a acatar de manera inequívoca el pronunciamiento estatal. El grupo de la oposición lamenta que la parálisis administrativa haya tenido que ser subsanada por un ministerio en Madrid, evidenciando una maniobra deliberada para evadir el control del funcionario público encargado de velar por la legalidad de los acuerdos de la corporación sureña.
Los representantes de la izquierda nacionalista han elevado el expediente ante la Delegación del Gobierno en Canarias con el objetivo de forzar el cumplimiento estricto de la normativa de régimen local. El requerimiento busca que el organismo periférico del Estado adopte medidas cautelares ante la situación de irregularidad detectada en el consistorio del sureste, abriendo la puerta a impugnaciones en cadena de los presupuestos y de los acuerdos de junta de gobierno aprobados con el voto de los concejales declarados no adscritos, lo que compromete las licitaciones públicas de la comarca.
La ruptura del espacio nacionalista se agrava con el rechazo frontal de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) a participar en la ronda de conversaciones convocada por Municipalistas Primero Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. El portavoz de la formación, Luis Campos, ha calificado de profundamente cínico el movimiento liderado por el sector de Teodoro Sosa para articular una supuesta unidad de acción política en Madrid. El partido considera que este foro está diseñado de manera exclusiva para hacerle el juego a Coalición Canaria y al presidente autonómico Fernando Clavijo, sirviendo de coartada para apuntalar a las fuerzas conservadoras del archipiélago.
La exclusión voluntaria de NC-BC debilita la representatividad de la cumbre municipalista, que mantiene en su agenda reuniones con fuerzas locales de la isla como Asava, Ando Sataute, Avesan, La Fortaleza y Más por Telde. El portavoz canarista ha denunciado que los promotores del encuentro son precisamente quienes han dinamitado el espacio histórico de la izquierda progresista mediante la confrontación directa y la deslealtad política. La formación insiste en desmarcarse de un proyecto que vinculan al desarrollismo descontrolado y a la especulación inmobiliaria en las costas turísticas del sur, reafirmando su compromiso con un modelo alternativo basado en los límites ecológicos del territorio y el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales.
