El mercado inmobiliario del sur de Gran Canaria consolida su posición como uno de los motores de liquidez fiscal más dinámicos del archipiélago, impulsado por una combinación de inversión extranjera, escasez de oferta y un encarecimiento estructural de los activos residenciales y comerciales. Los últimos datos de la Hacienda canaria confirman un cierre de ejercicio histórico en la recaudación de los tributos vinculados al tráfico inmobiliario, reflejando una resiliencia que desafía el endurecimiento de la política monetaria global.
La recaudación acumulada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Inter vivos (ITP) —termómetro inequívoco de las operaciones de compraventa de segunda mano que dinamizan municipios como San Bartolomé de Tirajana y Mogán— alcanzó los 367,8 millones de euros al cierre de diciembre de 2025. Esta cifra representa un incremento del 9,47% respecto al ejercicio de 2024, y ensancha la distancia con los años precedentes, situándose un 17,64% por encima de 2023 y un 5,05% superior a 2022. La evolución ratifica una tendencia expansiva sostenida, dado que el acumulado de 2024 ya había registrado un repunte del 7,46% en comparación con el año anterior.
En el análisis mensual, diciembre de 2025 aportó una recaudación de 30,5 millones de euros, consolidando la tradicional fortaleza del cierre de año en el sector premium del sur de la isla. El dato supera en un 3,68% el registro de diciembre de 2024 —mes que a su vez había experimentado un avance del 19,48% respecto a 2023—, y muestra una brecha del 22,58% y 23,88% si se compara con los meses de diciembre de 2023 y 2022, respectivamente.
El núcleo de esta actividad fiscal descansa sobre la adquisición de inmuebles urbanos para uso residencial, una rúbrica que anotó una tasa de variación interanual positiva del 8,19% en el acumulado de ejercicio corriente. Este avance en la recaudación corre en paralelo a la escalada de los precios de los activos. Según el Índice de Precios de Vivienda (IPV), la tasa anual en Canarias se situó en un notable 12,2%, apenas unas décimas por debajo de la media nacional, que repuntó hasta el 12,8% tras absorber un incremento trimestral del 2,9%.
La presión inversora en las áreas turísticas no se ha limitado al sector residencial. La recaudación procedente de las transmisiones de locales comerciales y otras edificaciones hoteleras o de servicios experimentó un salto del 30,14% en el acumulado anual. Este auge del suelo consolidado contrasta con el desplome en la transmisión de solares, cuyos ingresos fiscales retrocedieron un 15,95%, evidenciando que el capital prefiere la reforma y explotación de activos existentes frente al desarrollo de nueva planta en las cotizadas parcelas del sur grancanario.
El segmento de la obra nueva y la actividad de financiación corporativa también muestran métricas de doble dígito. La recaudación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) cerró el año en 99,5 millones de euros, un avance del 20,79% respecto a 2024 y superior al 33,61% y 34,32% computado en 2023 y 2022. Los documentos notariales vinculados a préstamos hipotecarios de entidades financieras lideraron el volumen de operaciones con un alza del 21,11%, seguidos por los visados sujetos al IGIC, que crecieron un 8,73%.
El dinamismo del sector constructivo y la reconfiguración de activos en el sur se refleja en los repuntes de las operaciones técnicas notariales: las segregaciones de fincas se dispararon un 133,25%, las agrupaciones un 106,40%, las divisiones horizontales de complejos residenciales un 30,15% y las declaraciones de obra nueva un 20,58%. A pesar de que diciembre de 2025 registró un bache mensual en el AJD de 6,1 millones de euros (un 20,51% menos que el extraordinario diciembre de 2024, que creció un 64,76%), el balance anual demuestra que el sur de Gran Canaria opera como un mercado de alto rendimiento inmune a la desaceleración del continente.
