Las ramificaciones judiciales y fiscales del sector inmobiliario e industrial canario vuelven a sacudir los despachos del archipiélago. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado de manera contundente la condena contra la mercantil Cornisa del Suroeste S.A. (Cornisa), obligándola al pago inmediato de 2,5 millones de euros a Hijos de Francisco López Sánchez S.A. (Lopesan). La sentencia, a la que ha tenido acceso Maspalomas24H, bajo la ponencia de la magistrada Paloma Bono López, zanja así un complejo litigio corporativo que arrastraba más de una década de disputas contables, inspecciones de Hacienda y reclamaciones cruzadas en el sur de Gran Canaria.
El origen del conflicto financiero se remonta al proceso de escisión de la histórica sociedad Lomados S.A.. Como consecuencia de una inspección tributaria posterior, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) determinó que las tres firmas sucesoras de aquella entidad —Lopesan, Cornisa y Promotora Urbanística Canaria S.L. (Promotora)— eran responsables solidarias de una deuda fiscal que ascendía a un total de 5.033.721,87 euros. Según los pactos internos internos de las tres sociedades, a Lopesan y a Promotora les correspondía liquidar de manera conjunta el 50% de dicho descubierto, mientras que Cornisa debía asumir el 50% restante.
El nudo gordiano del pleito judicial se generó cuando Lopesan y Promotora abonaron su mitad en periodo voluntario. Cornisa, por el contrario, optó por recurrir la liquidación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) y solicitó la suspensión de la ejecución de la deuda. Ante la pasividad de su socia, y para frenar una inminente vía de apremio de la AEAT que ya reclamaba a Lopesan más de 3 millones de euros —incluyendo un recargo ejecutivo del 20%—, el gigante turístico desembolsó el 4 de marzo de 2013 la parte correspondiente a Cornisa para evitar el embargo preventivo de sus activos. Desde entonces, Lopesan inició una agresiva acción de regreso para recuperar los fondos.
En su recurso de apelación, Cornisa argumentó que Lopesan realizó un pago perjudicial y anticipado de una deuda que no era formalmente exigible al estar recurrida, privándola de los aplazamientos que ofrecía la administración. La Audiencia Provincial ha rechazado de plano esta tesis. El tribunal aclara que la mera interposición de recursos no suspende la obligatoriedad del pago ni frena el devengo de los gravosos intereses de demora normativos, validando que Lopesan actuó de buena fe para salvaguardar su propio patrimonio empresarial.
El litigio escondía además detalles pintorescos en una demanda reconvencional donde Cornisa acusó a Lopesan de "vaciar" cuentas corrientes y gestionar fondos comunes de forma arbitraria. En concreto, Cornisa exigía la restitución de 645.277,08 euros retirados en febrero de 2012 de una cuenta de Lomados en el Banco Santander sin la firma mancomunada de sus apoderados. No obstante, los magistrados tumbaron la reclamación tras desenterrar antiguos correos electrónicos del propio representante de Cornisa, un alto directivo de nombre Santos, quien en diciembre de 2012 admitía textualmente por escrito que los movimientos de 600.000 euros correspondían a inversiones en deuda pública canaria adjudicadas legalmente a Lopesan durante la división corporativa.
El fallo de la Sección Tercera únicamente concede a Cornisa compensaciones menores por los flecos derivados de la gestión de la urbanización en el Ayuntamiento de Mogán. Lopesan deberá abonar 5.863,64 euros por gastos de avales y 16.276,92 euros por los honorarios del letrado García Cuyás; mientras que Promotora asumirá 2.759,35 euros y 7.669,89 euros por los mismos conceptos, todos devengando intereses. Unos saldos menores que apenas maquillan una derrota contable millonaria para Cornisa, ratificando la validez de las acciones de regreso frente a deudores tributarios esquivos.
