El Ministerio Fiscal ha formalizado su escrito de conclusiones provisionales ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas contra JLSF, un ciudadano procesado por un catálogo de delitos vinculados a la violencia de género perpetrados en el sur de la isla. El acusado, en situación de prisión provisional desde el 13 de mayo de 2024 tras pasar a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de San Bartolomé de Tirajana, afronta una petición global de penas que asciende a los 13 años de privación de libertad por agresión sexual agravada, amenazas y múltiples delitos de lesiones.
Los hechos recogidos en la calificación del Ministerio Público arrancaron la noche del 9 de mayo de 2024 en el domicilio donde la pareja convivía de forma estable desde hacía cinco meses. El relato de la acusación describe que el procesado, bajo dinámicas de estricto sometimiento y control, obligó presuntamente a la víctima a ingerir crack para, acto seguido, proceder a agredirla sexualmente mediante penetraciones vaginales, anales y orales, ignorando de forma deliberada la negativa verbalizada de la mujer. El escrito de conclusiones provisionales enfatiza el ánimo de cosificación y la absoluta indiferencia del encausado frente a la falta de consentimiento de la perjudicada.
La cronología del caso sitúa un segundo escenario delictivo durante la tarde del día siguiente en la playa de Meloneras, donde el acusado, en compañía de un amigo común, inició un altercado público de carácter humillante tras conocer que la víctima había requerido la presencia de la Policía en el domicilio familiar esa misma mañana. El texto procesal certifica insultos y amenazas explícitas de muerte dirigidas contra la mujer y su entorno familiar inmediato, incluyendo advertencias sobre la contratación de terceras personas para causarle quemaduras con ácido en el rostro. El procesado remató la escena callejera agarrando del cuello a la víctima antes de forzar su regreso a la vivienda compartida.
La escalada violenta concluyó horas después en la propia residencia común, donde el procesado presuntamente golpeó de forma repetida a la mujer en la mandíbula y las extremidades tras arrastrarla por el cabello hacia una zona de vegetación. La agresión física, en la que llegó a mediar una técnica de estrangulamiento con el antebrazo, cesó únicamente por la intervención providencial de un vecino del inmueble que logró liberar a la víctima. En su huida del lugar, el acusado utilizó el vehículo propiedad de su pareja sentimental, provocando desperfectos materiales de consideración tasados pericialmente en 480,01 euros.
Las pruebas periciales reflejadas por la Fiscalía detallan un cuadro médico lesivo compuesto por hematomas palpebrales y corporales múltiples, además de diversas erosiones cutáneas que precisaron asistencia facultativa inicial. Los informes forenses determinan un periodo de estabilización física de diez días no impeditivos, constando de igual forma secuelas psicológicas severas compatibles con el Síndrome de Estrés Postraumático derivado del maltrato continuado. Al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de carácter atenuante, el órgano judicial mantiene todas las medidas restrictivas cautelares activadas sobre el investigado.
