La protección legal del ecosistema más sensible del sur de Gran Canaria afronta una reforma técnica decisiva para consolidar su seguridad jurídica. El Cabildo de Gran Canaria va a inciar un procedimiento de elaboración y tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. La iniciativa institucional responde a la urgencia de establecer un marco regulatorio adaptado a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, con el fin de que recobre plena eficacia la reclasificación del espacio que fue introducida originalmente por la legislación autonómica de 1994.
La resolución sitúa a la corporación insular como el órgano promotor de las directrices medioambientales a través de su Consejería de Gobierno de Política Territorial y Paisaje. El calendario técnico diseñado por el Servicio de Planeamiento anticipa un horizonte temporal de tramitación estimado en 17 meses. A lo largo de este periodo, el documento deberá superar fases críticas que abarcan desde el análisis inicial y diagnóstico del ámbito territorial hasta la redacción de las propuestas preliminares, su exposición pública y la redacción del texto definitivo. La dirección técnica de los trabajos recaerá directamente sobre los empleados públicos del área sectorial insular.
El movimiento administrativo del Cabildo activa de manera automática un severo paquete de medidas de protección cautelar sobre el suelo de la reserva natural, amparado tanto en la legislación canaria como en la Ley estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Bajo este paraguas legal, queda prohibida cualquier actuación que implique una transformación sensible de la realidad física, geológica o biológica del paraje dunar que pueda comprometer los objetivos finales de conservación del plan. Cualquier intento de intervención en el espacio delimitado requerirá de forma obligatoria un informe favorable emitido por el Órgano Ambiental de Gran Canaria, que dispondrá de un plazo máximo de noventa días para su sustanciación.
La firma de la consejera insular de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda Navarro, abre oficialmente el cauce para el mandato de participación ciudadana y consultas institucionales. Desde el día siguiente a esta publicación, las organizaciones interesadas y los ciudadanos particulares disponen de un plazo de un mes para registrar sus opiniones y sugerencias técnicas mediante los portales web habilitados por la administración. Al tratarse de un acto de trámite destinado a asegurar la sostenibilidad y gestión de los recursos naturales del enclave turístico, el acuerdo no es susceptible de impugnación mediante recursos administrativos ordinarios, blindando el inicio del proceso frente a bloqueos inmediatos.
