La solicitud de concesión alojativa para la implantación de servicios privados de explotación turística en el entorno inmediato del Faro de Maspalomas ha reactivado el conflicto por el uso del suelo estratégico en el sur de Gran Canaria. La mercantil IFA Hotel Faro Maspalomas, corporación integrada en la estructura hotelera del grupo Lopesan, ha formalizado una petición administrativa ante la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias para la instalación de 70 hamacas sobre una superficie acotada de 700 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre. La filtración del expediente sectorial a través del diario Maspalomas24H ha desatado una ofensiva de oposición por parte del tejido social y la oposición nacionalista, abriendo un debate de calado sobre la seguridad jurídica y el modelo de gobernanza ambiental en el archipiélago.
La plataforma ciudadana SOS Maspalomas ha formalizado un paquete de alegaciones jurídicas de máxima contundencia contra el proyecto al considerar que la iniciativa constituye un proceso encubierto de privatización de un entorno de alta sensibilidad patrimonial. El colectivo conservacionista fundamenta su impugnación en el estatus legal del Faro de Maspalomas, catalogado formalmente como Bien de Interés Cultural (BIC) y colindante con el perímetro de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000. El cuerpo técnico de la organización recuerda que la Audiencia Nacional emitió un fallo judicial adverso contra las pretensiones de la misma cadena hotelera en este suelo, ratificando la titularidad de los terrenos en favor del dominio público y validando las resoluciones estatales que ya en el año 2008 obligaron a la demolición de estructuras previas levantadas por la empresa en la zona de servidumbre.
La reactivación de la solicitud turística coincide en el tiempo con la transferencia efectiva de las competencias ejecutivas en materia de ordenación del litoral desde el Ministerio para la Transición Ecológica hacia la Administración autonómica canaria. Este cambio de ventanilla administrativa despierta suspicacias entre los portavoces de SOS Maspalomas, quienes advierten un posible cambio de criterio político orientado a flexibilizar la protección ambiental del dominio marítimo en favor del negocio de los grandes operadores alojativos privados. Francisco Guillén, representante legal del colectivo, señala como precedente de riesgo la reciente regularización de las terrazas comerciales del Centro Comercial Oasis sobre la arena de la playa, un movimiento expansivo que altera la fisonomía de la franja costera y que requeriría, según su criterio, un procedimiento formal de Declaración de Impacto Ambiental.
La formación canarista Nueva Canarias (NC) ha sumado su peso institucional a la contestación jurídica, exigiendo al grupo de gobierno municipal —compuesto por la alianza entre el Partido Popular y el Partido Socialista— un pronunciamiento unánime de rechazo ante lo que consideran un retroceso histórico en las libertades civiles de la comarca turística. La organización nacionalista reivindica los acuerdos alcanzados en el último lustro del siglo XX que proscribieron la existencia de cotos privados de playa en San Bartolomé de Tirajana, garantizando el principio de libre acceso ciudadano al litoral. La dirección política de NC defiende el derecho preferente y exclusivo del Ayuntamiento para tutelar y explotar los servicios de temporada en las playas a través de concesiones municipales directas, recordando la controvertida instalación de un kiosco-restaurante en las inmediaciones del Faro a principios de la presente centuria como ejemplo de negligencia en la custodia del suelo público.
Las corporaciones locales y las firmas de asesoría patrimonial evalúan el impacto de este conflicto sobre las carteras de inversión inmobiliaria internacional que operan en los distritos hoteleros del sur grancanario. La controversia sitúa al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana bajo una fuerte presión reputacional, en una coyuntura donde los fondos institucionales demandan directrices nítidas sobre la sostenibilidad climática y la seguridad jurídica de los activos costeros de Meloneras. Las organizaciones opositoras insisten en que el mutismo institucional ante la ofensiva del grupo Lopesan equivale a una validación política de la mercantilización del paisaje, un activo común que actúa como principal motor de atracción turística de las islas y cuya alteración física podría penalizar la competitividad de la marca Maspalomas en los mercados de capitales europeos.
