La inminente implantación obligatoria del Sistema de Entrada y Salida de la Unión Europea (EES), programada para dentro de dos meses, ha encendido las alarmas en el sector alojativo y las aerolíneas que operan en el sur de Gran Canaria. La industria turística regional contempla con extrema preocupación el despliegue operativo de este control biométrico en pleno pico de la temporada vacacional. Las patronales aéreas y los turoperadores internacionales han iniciado una ofensiva de presión ante las autoridades comunitarias para exigir una flexibilización real de la norma o, en su defecto, un retraso en la aplicación de los controles electrónicos de huellas y fotografía hasta el mes de septiembre.
El núcleo de la fricción radica en el impacto que el nuevo registro digital causará sobre el mercado emisor británico, el principal sostén financiero de la planta hotelera madura de Playa del Inglés y Meloneras. Tras el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, los ciudadanos británicos pasaron a tener la consideración de viajeros extracomunitarios, quedando sujetos a las nuevas directrices de control fronterizo del espacio Schengen. Los análisis técnicos aportados por la patronal de aeropuertos ACI Europe desvelan que la primera inscripción de datos biométricos genera tiempos de espera que oscilan entre las dos y las tres horas en momentos de máxima saturación, llegando a computar picos de hasta cinco minutos por pasajero en las fronteras exteriores vulnerables.
Los comités de dirección de las compañías aéreas que sostienen la conectividad regular de Gran Canaria —como Ryanair y Wizz Air— han remitido solicitudes formales a los Estados miembros advirtiendo del riesgo inminente de vuelos perdidos, desajustes en las rotaciones de las flotas y cancelaciones encadenadas. El volumen de operaciones concentrado en los meses de verano vuelve inviable un proceso administrativo que añade setenta segundos de media por viajero, especialmente cuando coinciden conexiones de grupos familiares con grandes equipajes en las terminales internacionales. El Consejo Mundial del Turismo (WTTC) ha emitido un informe macroeconómico que cuantifica en 45.400 millones de dólares el gasto turístico global que se encuentra en riesgo si las retenciones fronterizas se convierten en una constante estructural de la experiencia del cliente.
Las peticiones del sector privado apuntan a una suspensión total del dispositivo EES durante la campaña de mayor actividad estival, abogando por un repliegue táctico similar al ejecutado por las policías de fronteras en Lisboa, Faro o los puertos de conexión del Canal de la Mancha. La propia normativa comunitaria contempla en su articulado la activación de una válvula de escape jurídica que permite la suspensión temporal o la relajación preventiva de la captación de datos biométricos ante circunstancias excepcionales de congestión crítica severa. Las aerolíneas reclaman que esta flexibilidad se aplique de forma homogénea en los aeropuertos insulares para evitar que la incertidumbre burocrática disuada a los consumidores de formalizar sus reservas de última hora hacia el archipiélago.
Los analistas sectoriales evalúan que el periodo de estabilización plena de la plataforma informática del EES requerirá un margen técnico de entre uno y dos años de rodaje operativo en las fronteras europeas. Durante esta fase de transición, los destinos del sur de Gran Canaria se juegan la rentabilidad del presente ejercicio económico, puesto que cualquier retraso estructural en el control de pasaportes del nudo aeroportuario de Gando penaliza de forma directa los índices de satisfacción del cliente vacacional de Maspalomas. La capacidad de las autoridades españolas para implementar apagados tácticos de los escáneres en las horas punta de llegada de los vuelos del Reino Unido determinará la fluidez de un motor turístico que no puede permitirse barreras burocráticas en sus canales de acceso internacional.
