Las patronales hoteleras y los operadores de ocio del sur de Gran Canaria siguen con extrema preocupación la apertura de una investigación formal por parte de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) contra Ryanair, la mayor aerolínea de bajo coste del continente. El procedimiento del regulador británico pone bajo la lupa el cargo por "asiento familiar obligatorio" de la compañía, una tasa media de 8 libras esterlinas por trayecto que se aplica para garantizar que los adultos se sienten junto a los menores de entre dos y once años. Al tratarse el Reino Unido del principal mercado emisor extranjero para los núcleos turísticos de Maspalomas, Playa del Inglés y Meloneras, cualquier modificación forzosa en la estructura de precios complementarios de la aerolínea amenaza con alterar los presupuestos de las familias británicas de cara a las reservas de la campaña estival.
La investigación de la CMA se centra en determinar si este recargo constituye una cláusula contractual "abusiva" y si incurre en la práctica prohibida del price trickling o precios por goteo, al ocultar este coste obligatorio hasta las fases finales del proceso de reserva en internet. Mientras competidores directos con fuertes conexiones hacia el aeropuerto de Gando —como TUI, Jet2 o easyJet— asignan de forma gratuita y automática los asientos contiguos para menores y acompañantes, Ryanair obliga a que al menos un adulto abone una tarifa de reserva que oscila entre las 4 y las 13,50 libras esterlinas. El impacto potencial en el flujo de visitantes hacia el sur insular es masivo, considerando que la aerolínea irlandesa movilizó a unos 60 millones de pasajeros en sus rutas británicas durante el pasado año y que este tipo de recargos son fundamentales para sostener su agresiva política de billetes baratos.
Para el entramado alojativo de Maspalomas y Mogán, el frente regulatorio abierto contra Ryanair supone un factor de inestabilidad comercial debido a la enorme dependencia del destino respecto a los ingresos complementarios de las aerolíneas. Ryanair reportó en sus últimos resultados anuales casi 5.000 millones de euros en concepto de extras —como selección de asientos, facturación de equipaje y embarque prioritario—, lo que representa aproximadamente 24 libras por pasajero y un tercio de la facturación total del grupo. Si la CMA aplica de forma estricta la nueva Ley de Mercados Digitales y Consumidores del Reino Unido, la compañía podría enfrentarse a multas de hasta el 10% de sus ingresos globales anuales, un escenario financiero crítico que obligaría a la dirección de Michael O'Leary a elevar el precio base de los billetes hacia Canarias para compensar las pérdidas.
La respuesta de la dirección de Ryanair ha sido descalificar la investigación tildándola de "falsa" y eminentemente política, argumentando que los niños no pagan el recargo y que se trata de una maniobra de distracción del Ejecutivo británico para no rebajar las tasas aeroportuarias estatales. Este nuevo conflicto institucional se suma a la histórica sanción de 256 millones de euros impuesta a la aerolínea por las autoridades de competencia de Italia (AGCM) tras ser acusada de obstaculizar la venta de billetes a través de agencias de viajes y turoperadores tradicionales. La acumulación de litigios en los principales mercados emisores del archipiélago sitúa al sector turístico del sur de Gran Canaria ante el desafío de monitorizar unos canales de conectividad aérea cada vez más tensionados por el escrutinio legal, en un momento donde la transparencia de precios y la confianza del consumidor dictan las decisiones de gasto de las familias europeas.
