Entre mejor la tratan, más castiga: lo de siempre. Tenía en CC hasta el cargo de confianza de Fernando Clavijo de ser la secretaria nacional ejecutiva de Política Municipal, es decir, la que tenía que integrar a Primero Canarias en su estructura. La estabilidad del pacto de buena vecindad y cooperación en el sur de Gran Canaria ha saltado por los aires en el espacio portuario y en Las Palmas han dicho basta, que por 4000 votos tampoco van a sacrificar una agenda regional.
El Ayuntamiento de Mogán, comandado con mayoría absoluta por el partido Juntos por Mogán, menos de 50 afiliados, ha optado por negociar una entrada en CC y estaría hablando de lo mismo con el PP, ha formalizado una demanda judicial contra el ente público Puertos Canarios ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Las Palmas. El motivo del litigio radica en la negativa del organismo autonómico a reconocer los derechos históricos del consistorio sobre la explotación del Puerto Deportivo de Mogán, un enclave turístico esencial cuya concesión original expira en el horizonte de 2031.
Este movimiento jurídico supone la ruptura de la paz política entre la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, y la cúpula regional de CC. Las tensiones orgánicas apuntan de forma directa al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y líder de CC en la isla, Pablo Rodríguez, de quien depende jerárquicamente la gestión de Puertos Canarios. La negativa del ente a facilitar al consistorio el acceso al expediente de prórroga ha provocado que la regidora califique la situación como un intento explícito de "expulsar" a la administración local de sus competencias legítimas, activando una ofensiva legal que tensiona el equilibrio institucional del archipiélago.
El conflicto competencial se fundamenta en interpretaciones jurídicas contrapuestas respecto a los títulos otorgados durante la fase de construcción de las instalaciones en la década de los ochenta. El Ayuntamiento de Mogán sostiene que mantiene la condición de titular originario de la concesión desde que el Consejo de Ministros firmara la orden el 27 de febrero de 1981 por un periodo de medio siglo. Bajo este argumento, los servicios jurídicos municipales recalcan que el traspaso de la explotación realizado en 1987 a la entidad privada Puerto de Mogán S.A. constituyó únicamente una cesión de la gestión, reservándose la corporación local el derecho exclusivo a tramitar cualquier extensión del plazo.
La propuesta que se someterá a aprobación plenaria destapa que la mercantil privada también ha cursado su propia solicitud de ampliación ante el Ejecutivo regional. Al constatar que Puertos Canarios tramita dicha petición de espaldas a la administración municipal y bloquea la consulta de los documentos, Juntos por Mogán ha optado por blindar su posición por la vía judicial. El acuerdo municipal exigirá formalmente a la empresa Puerto de Mogán S.A. el desistimiento inmediato de sus pretensiones de prórroga, buscando recuperar la gestión directa del área portuaria para el sector público.
Con el fin de cumplimentar los baremos exigidos por la legislación de costas para acceder a una prórroga extraordinaria de otros 25 años, el consistorio ha puesto sobre la mesa una memoria económica de alta capacidad financiera. El valor actualizado de la inversión inicial de la infraestructura está tasado en 45,8 millones de euros, lo que fija el mínimo legal de reinversión para solicitar la prórroga en 9,1 millones. Juntos por Mogán eleva la apuesta autonómica comprometiendo una partida presupuestaria de 13,3 millones de euros desglosada en un paquete de 18 actuaciones técnicas urgentes.
La alcaldesa ya ha solicitado formalmente el auxilio y la mediación de la Presidencia del Gobierno de Canarias (CC) para desbloquear una situación que amenaza con paralizar los planes de desarrollo del principal motor económico del municipio. El paso dado por el consistorio traslada el control del Puerto de Mogán desde los despachos políticos de Las Palmas hacia las salas del Tribunal Superior de Justicia.
