El mapa de las ondas en el sureste y sur de Gran Canaria sufre una reestructuración forzosa por la vía administrativa. El Gobierno de Canarias ha decretado la extinción fulminante de la licencia de emisión en modulación de frecuencia que operaba en la localidad de Santa Lucía de Tirajana a través del dial 98.9 MHz. La medida fulmina de forma definitiva los derechos de explotación que ostentaba la empresa Radio Región, S.A., tras constatarse un abandono total de la actividad difusora y una deuda prolongada con la administración pública del Estado. El fallecimiento del promotor Benjamín Lorenzo aceleró el proceso que tiene posibilidades de salvarse por la vía administrativa.
La caída en desgracia de la frecuencia se aceleró a comienzos del presente año. La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) impulsó una campaña de inspección para comprobar la salud de las licencias locales antes de activar los procesos de renovación automática por otros quince años que contempla la Ley General de Comunicación Audiovisual. Los resultados de estas pruebas de campo precipitaron la intervención del Ejecutivo regional al destapar que la emisora ya no existía en el plano físico.
Una campaña de monitorización del espectro radioeléctrico encargada al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) confirmó las sospechas de los inspectores. Los receptores y sistemas de medición del centro tecnológico no detectaron ningún tipo de onda, señal analógica ni emisión en el dial 98.9 MHz asignado al municipio santaluceño. Este cese continuado de las emisiones vulneró la obligación legal que exige a las empresas adjudicatarias prestar el servicio de comunicación de forma ininterrumpida a la ciudadanía de la comarca.
El expediente administrativo abierto a la empresa titular sumó un segundo factor de gravedad insalvable relacionado con la fiscalidad del sector. Una consulta formal remitida a la Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, confirmó que la sociedad mercantil acumulaba un historial de morosidad prolongado con las arcas públicas estatales.
Los datos oficiales de la secretaría de Estado revelaron que el titular de la frecuencia no abonó las liquidaciones anuales de la tasa por reserva del espectro radioeléctrico emitidas durante los últimos cuatro ejercicios fiscales, incluyendo la anualidad vencida correspondiente a 2025. El impago crónico de este canon por el uso privativo del dominio público hertziano invalidó de forma automática cualquier derecho a obtener la prórroga del título de explotación.
La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información intentó dar una última oportunidad a la empresa notificando requerimientos formales dirigidos a su sede, instando a la dirección a acreditar la solvencia económica y la documentación técnica obligatoria. La ausencia de respuesta por parte de la mercantil y el silencio ante los plazos otorgados obligaron al Consejo de Gobierno a decretar la pérdida de la condición de prestador del servicio de comunicación audiovisual.
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura ha ordenado aplicar los efectos de la extinción con carácter retroactivo, fijando la baja formal del dial el 4 de marzo de 2026, fecha exacta en la que expiraba el plazo de quince años derivado de la antigua transformación de concesiones públicas regulada en la normativa de medios. La decisión comporta el cese obligatorio de cualquier intento de emisión en esa franja del espectro dentro del área de cobertura del sur de Gran Canaria.
