El férreo control sobre el tráfico de sustancias estupefacientes en los recintos penitenciarios de Canarias vuelve a situarse en el centro de la actividad judicial del sur de Gran Canaria. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de acusación formal ante la Audiencia Provincial, interesando la apertura de juicio oral contra el interno JHA y su madre, MdCAA. Ambos se enfrentan a duras penas de prisión tras ser interceptados en un intento de introducir un cargamento de drogas compactas en el Centro Penitenciario Las Palmas II, ubicado en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
Los hechos se remontan al 26 de julio de 2023. Según relata la calificación del Fiscal, madre e hijo concertaron una visita de carácter íntimo (vis a vis) en el citado centro penitenciario, donde el acusado cumplía condena por otras causas anteriores. Con el objetivo de obtener un ilícito beneficio económico a través de la distribución de los estupefacientes en el interior de la prisión, la mujer hizo entrega de las sustancias a su hijo. El plan fue abortado de forma inmediata por los funcionarios de prisiones; tras levantar sospechas, el interno fue sometido a una explotación radiológica que reveló la presencia de tres envoltorios ocultos en su organismo.
El informe pericial de las sustancias incautadas, integrado en la causa, detalla una alarmante concentración de los principios activos, especialmente en lo relativo a los derivados de la fariña. Los análisis químicos confirmaron que el reo portaba 8,4 gramos de cocaína con una riqueza del 86,99%, complementados con otro lote de 2,14 gramos que rozaba la pureza absoluta con un 99,35%. El alijo se completaba con 12,12 gramos de heroína (con una riqueza del 8,43%) y 38,1 gramos de resina de cannabis.
La combinación de estas cantidades de adulterantes y estupefacientes pesados habría permitido la puesta en circulación de hasta 217 dosis dentro de los módulos de la prisión sureña. La tasación oficial de la droga en el mercado negro ha sido fijada en 1.632 euros, un valor que se multiplica exponencialmente dada la escasez y la alta demanda de estas sustancias dentro de un régimen de reclusión de máxima seguridad.
La Fiscalía califica jurídicamente estos hechos como un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, tipificado en los artículos 368 (apartado primero, inciso primero) y 374 del Código Penal. Al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal —ni atenuantes ni agravantes de reincidencia aplicables, pese a que el acusado cuenta con condenas previas por robo con fuerza en Algeciras—, ambos procesados responden en concepto de autores materiales.
La solicitud punitiva del Ministerio Público es severa, reflejando la gravedad que implica vulnerar la seguridad de una institución del Estado. Para cada uno de los acusados, la Fiscalía solicita una pena de 4 años y 9 meses de prisión, además de una multa aparejada de 3.496 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En caso de insolvencia y falta de pago de la sanción pecuniaria, quedarán sujetos a una responsabilidad penal subsidiaria de tres meses de privación de libertad. El escrito concluye interesando el comiso, la custodia de muestras legales y la inmediata destrucción del resto del alijo intervenido.
