El Ministerio Fiscal ha ejecutado una profunda reestructuración de su mapa de efectivos en el archipiélago canario. La Fiscalía General del Estado ha oficializado un complejo baile de plazas y traslados que impacta de lleno en la capacidad operativa de la litigación penal en las zonas turísticas con mayor índice de criminalidad del país. La reordenación de destinos toca el núcleo de las fiscalías de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, evidenciando los problemas de arraigo y la alta movilidad que sufren las plantillas de la carrera fiscal en los partidos judiciales de las islas.
La sección territorial de San Bartolomé de Tirajana, el gigante administrativo que asume los delitos económicos, los litigios hoteleros y las causas de violencia de género en el motor turístico del sur de Gran Canaria, pierde y gana activos en un momento de fuerte tensión asistencial. El relevo de fiscales en estas zonas condiciona de forma directa el ritmo de instrucción de macrocausas y delitos complejos en zonas sometidas a una alta presión demográfica flotante.
El movimiento más llamativo del escalafón ministerial afecta a la fiscal Laura González Jurado. Tras su paso por la primera línea de playa del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, se traslada a las dependencias de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, en la capital de la isla. Para cubrir este vacío en los juzgados del sur, la Fiscalía ha tenido que activar un puente interinsular: Gerardo Roque Quintana deja su plaza en la Sección Territorial de Arona, en el sur de Tenerife —un destino con dinámicas de criminalidad turística idénticas a las de Maspalomas—, para tomar posesión de su nuevo despacho en San Bartolomé de Tirajana.
Las dinámicas de estos traslados confirman que el sur de Gran Canaria y el sur de Tenerife operan como vasos comunicantes donde los profesionales de la judicatura y la fiscalía se foguean antes de dar el salto a las fiscalías de las capitales de provincia o a sus comunidades de origen en la península. La vacante que Roque Quintana deja en el sur de Tenerife será ocupada por Lucía Aguilar Paniagua, que se traslada a Arona tras su etapa como Abogada Fiscal de Apoyo en la Fiscalía Provincial de Málaga.
El reto de la estabilidad en Arrecife y el norte del país
El reequilibrio de fuerzas del Ministerio Público en las islas orientales se completa con la incorporación de Alberto Jiménez Alarcón a la Fiscalía Área Arrecife-Puerto del Rosario, un órgano con competencias en Lanzarote y Fuerteventura que arrastra carencias históricas por falta personal debido a la carestía vivienda e insularidad. Jiménez Alarcón desembarca en el archipiélago procedente Fiscalía Área Granollers-Mollet Vallés, Barcelona, un destino con volumen trabajo muy diferente al tejido causas ligadas tráfico drogas gestión migratoria frontera marítima canaria.
El flujo salida archipiélago queda patente traslado Aurora Pérez Abascal, quien formaliza salida Fiscalía Provincial Las Palmas Gran Canaria para incorporarse Fiscalía Comunidad Autónoma Cantabria, Santander. Este movimiento coincide tiempo salida Mónica Arias Robles Fiscalía Provincial Bilbao para recalar también órgano cántabro. La pérdida fiscales experimentados Las Palmas obliga administración justicia depender constante relevo profesionales dificulta seguimiento continuado sumarios penales juzgados San Bartolomé Tirajana.
