¿Se puede gestionar una institución pública sin cobrar un solo impuesto directo, ni una tasa por basura, ni una multa de tráfico? Aunque parezca el planteamiento de un acertijo económico, es la realidad exacta de la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria, que acaba de dar luz verde definitiva a su Presupuesto General para 2026. Lo primero que salta a la vista en este microcosmos financiero es la precisión milimétrica de sus números, diseñados como un espejo perfecto donde se prevé gastar exactamente 1.061.624,75 euros, ni un céntimo más ni un céntimo menos de lo que se va a ingresar.
En estas cuentas consolidadas, que se ejecutan por completo desde la matriz sin empresas satélites ni entidades dependientes, no hay el más mínimo espacio para la improvisación o los números rojos. Lo más sorprendente del documento definitivo es, sin duda, la procedencia de sus fondos, ya que un vistazo a su mapa de ingresos revela un auténtico desierto en los capítulos de impuestos o tasas tradicionales. La Mancomunidad no recauda directamente del ciudadano; en su lugar, el 98% de sus recursos (1.041.624,75 euros) llega a través de transferencias corrientes inyectadas por otras instituciones, quedando el resto limitado a unos testimoniales 20.000 euros de ingresos patrimoniales.
Si dividimos este millón de euros como si fuera una tarta, la forma en que se reparte es igual de peculiar, ya que los gastos corrientes de gestión y servicios se llevan la parte del león con 675.148,75 euros, seguidos por 271.476,00 euros para el personal, dejando una pequeña migaja de 115.000,00 euros para inversiones reales directas en la zona. El organigrama humano de la entidad también esconde detalles curiosos, mostrando un panorama insólito en el ala de los funcionarios públicos, donde existen tres plazas de Técnicos de Administración General (Grupo A1) y las tres se encuentran completamente vacantes.
Así, el peso real del trabajo diario recae sobre un "equipo de cinco" de personal laboral a plena ocupación, compuesto de forma muy específica por un abogado, una economista, un graduado social, una auxiliar administrativa y un capataz agrícola. Para asegurar que nadie se despiste con el dinero, las normas internas dictan que cualquier gasto por encima de los límites fijados por capítulos será nulo de pleno derecho, acarreando responsabilidades directas y personales sobre el bolsillo del funcionario o autoridad que firme el descuido. Esta estricta vigilancia económica se completa con un riguroso protocolo de intendencia y control que no deja nada al azar.
El ojo de la Intervención General lo supervisa todo a contrarreloj, disponiendo de diez días ordinarios —o solo cinco si el asunto es urgente— para revisar los papeles y estampar un "reparo" suspensivo si detecta fallos documentales o falta de crédito. Incluso los viajes institucionales y la contratación menor están tasados al milímetro: se fijan dietas de hasta 90 euros con topes de hotel de 120 euros para salidas fuera de la isla, mientras que los contratos "a dedo" quedan limitados a menos de 40.000 euros en obras y 15.000 en servicios, obligando a publicar cada trimestre los nombres de los adjudicatarios en el Portal de Transparencia. Un presupuesto pequeño y singular, pero blindado al céntimo para que las Medianías sigan funcionando con paso firme.
