Novedades en el marco de contingencias financieras y pasivos legales del sector del timeshare (aprovechamiento por turno de bienes inmuebles) en el sur de Gran Canaria, el mercado más lucrativo de propiedad fraccional vacacional de Europa. La Sala de lo Civil del alto tribunal, bajo la ponencia de la magistrada Nuria Auxiliadora Orellana Cano, ha dictado un auto por el cual acepta revisar la estrategia de defensa de Anfi Sales S.L., la filial comercializadora del Grupo Anfi, gigante turístico cuyos complejos hoteleros y de multipropiedad dominan los acantilados costeros de los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana.
El gigante del alojamiento vacacional busca revocar una resolución desfavorable de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictada en julio de 2024. Aquella sentencia ratificaba la nulidad de un contrato de compraventa suscrito el 4 de julio de 2013, exigiendo la devolución de las cantidades abonadas por una compradora minorista. Los tribunales de instancia grancanarios habían determinado que el contrato era nulo debido a la falta de determinación de su objeto, una vulneración vinculada al modelo comercial de la denominada "suite flotante" o temporada super red flotante, un sistema que vende periodos vacacionales sin asignar una semana fija del calendario ni un número de apartamento concreto.
El núcleo de la disputa jurídica radica en la interpretación de la Ley 4/2012 de contratos de aprovechamiento por turno. Anfi Sales S.L. argumenta en su recurso que la Audiencia Provincial infringió la disposición transitoria única de dicha normativa al aplicar de manera rígida la doctrina de la nulidad por indeterminación a contratos celebrados con posterioridad a 2012, pero vinculados a complejos turísticos cuyos regímenes de explotación se constituyeron de forma legal antes de las reformas de 1998.
Para los operadores turísticos establecidos en el sur de Gran Canaria, un destino que genera una parte sustancial del PIB de la industria del ocio en el archipiélago, el pronunciamiento del Tribunal Supremo supone un balón de oxígeno procedimental tras años de severo desgaste en los balances de las empresas del sector a causa de litigios masivos impulsados por firmas legales transnacionales. El Supremo ha reconocido la necesidad de pronunciarse sobre esta materia con el objetivo explícito de "matizar, clarificar o confirmar" su propia doctrina, en referencia directa a sentencias previas dictadas a finales de septiembre de 2025.
La decisión de admisión se ha tomado con carácter provisorio, quedando supeditada al examen definitivo que se plasmará en la sentencia final del alto tribunal. El auto abre un plazo improrrogable de veinte días para que la representación legal de la demandante formalice su escrito de oposición en Madrid, periodo durante el cual las actuaciones permanecerán de manifiesto en la Secretaría de la Sala Primera.
El desenlace de este procedimiento ordinario, que se inició originalmente en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana bajo el expediente 1231/2019, será observado de cerca por los fondos de inversión y grupos hoteleros con intereses en la planta alojativa del sur de la isla. Una eventual flexibilización de la doctrina judicial por parte del Tribunal Supremo limitaría el volumen de reclamaciones retroactivas que han amenazado la viabilidad corporativa de los complejos residenciales de tiempo compartido en el litoral canario durante la última década. Por el contrario, una confirmación de la nulidad blindará los derechos de rescisión de los consumidores minoristas, consolidando el fin de los modelos contractuales flotantes diseñados durante el auge inmobiliario de la región.
