La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha asestado un golpe regulatorio al desarrollo de la energía solar en el sur de Gran Canaria. La Sala de Supervisión Regulatoria del organismo ha desestimado el conflicto de acceso planteado por la promotora Doctor Chil Renovable 2, (familia del Condado de la Vega Grande). contra eDistribución Redes Digitales, la filial de distribución del gigante energético Endesa. La resolución confirma la caducidad irreversible de los permisos de acceso y conexión del parque fotovoltaico 'Revolcadores', proyectado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
El fallo de la CNMC evidencia la creciente rigidez en la aplicación de los plazos de la transición energética en España, donde los promotores de plantas renovables se enfrentan a un calendario institucional implacable. El dictamen, firmado en Barcelona por el presidente de la sala, Ángel García Castillejo, ratifica que la planta de Maspalomas perdió sus derechos de enganche a la red tras incumplir los hitos administrativos obligatorios establecidos por el Gobierno central para limpiar el mercado de proyectos especulativos o rezagados.
El origen de la disputa jurídica se remonta a febrero de 2023, cuando el gestor de la red concedió los derechos de conexión a la instalación fotovoltaica. Bajo el marco regulatorio del Real Decreto-ley 23/2020, los promotores disponen de un plazo máximo e improrrogable de 31 meses para obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable o, en su defecto, acreditar formalmente que la instalación se encuentra exenta de dicho trámite. Para el proyecto de San Bartolomé de Tirajana, la fecha límite expiraba el 13 de septiembre de 2025.
La crónica de la tramitación administrativa revela una serie de maniobras técnicas por parte de Doctor Chil para esquivar el colapso del proyecto. Ante los requerimientos de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, que advirtió que el diseño original superaba las cinco hectáreas de superficie y requería una evaluación ambiental simplificada, la empresa ejecutó una reducción del espacio a 4,9 hectáreas. El objetivo era acogerse a los umbrales legales que exoneran a las pequeñas instalaciones de los largos exámenes ecológicos.
La estrategia de la promotora se topó con la complejidad técnica de las infraestructuras de evacuación en el sur de Gran Canaria. Pocos días antes de que venciera el plazo crítico, las autoridades autonómicas notificaron que la línea eléctrica que debía transportar la energía violaba las distancias mínimas de seguridad respecto a varias zonas residenciales del municipio de Maspalomas. Aunque Doctor Chil presentó un proyecto modificado a contrarreloj para corregir el trazado de los cables y solicitó formalmente un certificado de exención ambiental, los tiempos de la administración insular no se compadecieron de las exigencias del calendario del sector eléctrico.
El Gobierno de Canarias no emitió el informe de exención hasta el 22 de diciembre de 2025, más de tres meses después de haber vencido el hito regulatorio nacional. Al recibir el documento, eDistribución ejecutó la cláusula de caducidad automática de los permisos, desencadenando la batalla legal ante la CNMC. La defensa de la empresa fotovoltaica argumentó que la normativa distingue estrictamente entre la planta de generación y la infraestructura de extensión de red, sosteniendo que la planta en sí misma cumplía con los requisitos para quedar al margen de las evaluaciones ambientales.
El Consejo de la CNMC ha rechazado de plano esta interpretación segmentada. El organismo supervisor subraya que, en la fecha límite de septiembre de 2025, el promotor no disponía de ningún pronunciamiento oficial que avalara la exención de la planta. El regulador va más allá al analizar el contenido del documento tardío emitido por la administración canaria, señalando que las obras de extensión de red necesarias para conectar el parque a la malla de distribución obligaban a someter la totalidad del proyecto conjunto a un trámite ambiental completo debido a su impacto en el entorno local de San Bartolomé de Tirajana.
Las implicaciones financieras para la promotora minorista son severas. La pérdida de los permisos de acceso y conexión no solo paraliza el desarrollo industrial en una de las zonas de mayor radiación solar del archipiélago canario, sino que activa el protocolo de ejecución inmediata de las garantías económicas depositadas ante el Ministerio de Transición Ecológica para la reserva de capacidad en la red. El Real Decreto-ley contempla que los avales solo se devolverán si se demuestra que el retraso responde a causas totalmente ajenas a la diligencia del empresario, un extremo que ahora quedará al arbitrio de los tribunales ordinarios.
La resolución agota formalmente la vía administrativa ante la CNMC, dejando al operador sin más alternativa que acudir a la vía judicial mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses. El caso de Maspalomas se suma a una lista creciente de disputas entre fondos de inversión, promotores de energía limpia y las filiales de distribución de las grandes eléctricas del IBEX 35, que compiten por el control de la capacidad disponible en los nodos de red de las regiones con mejores condiciones climáticas del país.
