El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado la resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que oficializa el nuevo Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y el Gobierno de Canarias. Este pacto institucional asume de forma directa el control y la supervisión de las operaciones aéreas en los aeródromos de uso restringido del archipiélago. El acuerdo desbloquea el marco regulatorio del aeródromo de El Berriel, una infraestructura aeronáutica estratégica situada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, junto al litoral turístico de Maspalomas.
Para El Berriel, sede histórica del Real Aeroclub de Gran Canaria y centro logístico para operaciones de aviación general, escuelas de pilotos, saltos en paracaídas y misiones de emergencia en el sur de la isla, el convenio fija un itinerario administrativo bifásico muy riguroso. Cualquier modificación funcional en la pista o en los espacios de resguardo requerirá que el gestor inicie el trámite ante la Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias. Esta oficina derivará los expedientes a los equipos técnicos de ingenieros y pilotos de AESA en Madrid para su evaluación técnica.
El texto del acuerdo, firmado en Madrid por la directora de AESA, Montserrat Mestres Domènech, y el consejero autonómico de Obras Públicas, Pablo Rodríguez Valido, responde a un dictamen de la Abogacía del Estado. Dicha consulta jurídica aclaró que las comunidades autónomas con competencias estatutarias exclusivas sobre infraestructuras de transporte que no sean de interés general estatal están obligadas por ley a ejercerlas de forma irrenunciable, impidiendo que el Estado asuma la tutela por inacción de la administración regional.
A partir de este nuevo escenario normativo, el Gobierno de Canarias será el único órgano competente para autorizar el establecimiento, la modificación estructural y la apertura definitiva al tráfico de las pistas restringidas y helipuertos del archipiélago. Sin embargo, ante la falta de un cuerpo reglamentario propio en la comunidad autónoma, el Ejecutivo regional ha optado por blindar la seguridad operacional recurriendo al brazo inspector del Estado. AESA retendrá en exclusiva la potestad para comprobar el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias descritas en el Real Decreto 1070/2015 antes de que se emita cualquier permiso de vuelo.
El convenio establece un plazo máximo de seis meses para que la Dirección de Aeropuertos y Seguridad de la Aviación Civil de AESA dictamine si los proyectos cumplen con las directrices internacionales de la OACI. El procedimiento técnico incluye inspecciones de supervisión documental previas a la fase de obra y, de manera crítica, inspecciones in situ sobre la pista antes de autorizar la apertura al tráfico aéreo. En estas misiones de control normativo, los inspectores estatales podrán estar acompañados por técnicos del Gobierno de Canarias en calidad de observadores.
El marco legal regula de manera estricta los trámites ambientales y de navegación. Los promotores de los aeródromos restringidos deberán obtener de forma independiente un informe de compatibilidad de espacio aéreo ante la Dirección General de Aviación Civil y superar el correspondiente filtro de evaluación de impacto ambiental regulado por la Ley 21/2013. Para instalaciones situadas fuera de zonas de especial protección natural, se exigirá una evaluación ambiental simplificada si las modificaciones del terreno generan efectos adversos significativos detectados por las autoridades canarias.
La vertiente sancionadora y de inspección ordinaria también se ejecutará bajo un régimen de coordinación estrecha. AESA mantendrá la potestad punitiva y de supervisión continua sobre las condiciones de seguridad en El Berriel de acuerdo con la Ley de Seguridad Aérea, aplicando penalizaciones a los operadores turísticos o deportivos que infrinjan los límites de uso y operación permitidos. Por su parte, la administración autonómica asume la obligación de coordinar con ENAIRE el envío de todas las fichas técnicas y variaciones de datos aeronáuticos para su publicación oficial en la Guía de Información Aeronáutica (AIP).
El pacto dedica un apartado al Plan de Regularización de Infraestructuras Aeronáuticas de interés público (PRIA), desarrollado por AESA para estabilizar el estatus legal de los helipuertos sanitarios y las bases destinadas a la prevención y extinción de incendios forestales. La formalización del convenio dota a las pistas del sur de Gran Canaria de una seguridad jurídica crucial para las empresas de trabajos aéreos y aviación privada, garantizando la viabilidad de El Berriel como nodo logístico alternativo en el mapa de la conectividad atlántica.
