Los despachos de los inversores inmobiliarios y las cadenas hoteleras que dinamizan el litoral turístico del sur de Gran Canaria observan con cautela la profunda reorganización de las competencias ejecutivas en el Ayuntamiento de Mogán. En una demarcación donde las licencias urbanísticas y los expedientes sancionadores dictan el ritmo de desarrollos de millones de euros, Onalia Bueno ha ejecutado esta semana antes de formalizar un acuerdo con el PP para las elecciones de 2027 un golpe de timón para sofocar una fractura interna en su grupo de gobierno. La maniobra, publicada oficialmente el 8 de julio de 2026 bajo la firma del alcalde accidental, Juan Ernesto Hernández, aparta de la primera línea a los sectores críticos y redibuja de arriba abajo el reparto de las áreas de gestión más sensibles del consistorio. Lo curioso es que la instrucción a la secretaria municipal ha sido por orden "verbal" según la documentación a la que ha tenido acceso Maspalomas24H.
La reactivación de este nuevo armazón de poder se ejecutó el pasado 1 de julio a través de la resolución número 2026/3490, tras un informe de la Secretaría General Accidental que desvela un matiz procedimental extraordinario: todo el proceso se activó "a petición verbal de la Alcaldía". Esta fórmula de urgencia eludió los canales ordinarios escritos para acelerar la destitución fulminante de la concejala Juana Teresa Vega Jiménez de la Junta de Gobierno Local y nombrar de inmediato como nuevo vocal a Josué Hernández Delgado, cortando de raíz cualquier conato de rebelión o parálisis en el organigrama municipal.
El cambio estructural más crítico del decreto radica en quitar a la Junta de Gobierno Local, como órgano colectivo, la potestad para resolver los expedientes sancionadores en materia de disciplina urbanística y actividades clasificadas. Estas facultades, vitales para el control del suelo hotelero y los locales comerciales en pleno motor turístico sureño, se desvían a partir de ahora de manera individualizada hacia los concejales de cada sector. La maniobra fragmenta la capacidad de presión de los ediles díscolos y vacía de contenido estratégico el foro de debate del grupo, centralizando la disciplina del suelo.
Tras una rectificación exprés firmada el 3 de julio para evitar cualquier resquicio de confusión legal o recursos en los tribunales, el nuevo tablero de responsables políticos de Mogán queda rígidamente blindado bajo la presidencia absoluta de Onalia Bueno. El control operativo y la firma delegada de la gestión diaria del consistorio recaen con fuerza en el alcalde accidental, Juan Ernesto Hernández Cruz, flanqueado por Juan Mencey Navarro al frente de la fontanería jurídica y el régimen interno del ayuntamiento. El bloque de estricta fidelidad en la mesa de decisiones lo completan el recién incorporado Josué Hernández Delgado junto a los concejales Tania del Pino Alonso Pérez, Luis Miguel Becerra André y Consuelo Díaz León.
La remodelación establece además un control milimétrico sobre el tejido empresarial del municipio al delegar específicamente en el concejal de Sanciones todas las competencias por infracción de las ordenanzas municipales, mientras que las multas por desobediencia a la alcaldesa quedan en manos de los concejales de área afines. Esta atomización de los castigos administrativos asegura que los expedientes ligados al suelo turístico dejen de ser un arma de presión política interna. Los operadores financieros e internacionales que tramitan autorizaciones de apertura en el litoral reciben así un mensaje nítido: las líneas de interlocución en Mogán quedan centralizadas bajo un mando vertical y con la disidencia interna totalmente desarmada.
