La estabilidad del bloque político que gestiona el territorio con mayor densidad hotelera del archipiélago afronta una quiebra de confianza a nivel insular. La plataforma Primero Canarias (Prica), de izquierda soberanista de base cristiana, ha hecho oficial el lanzamiento de su candidatura en Las Palmas de Gran Canaria, un movimiento estratégico ejecutado de forma unilateral y sin la autorización de la dirección regional de Coalición Canaria (CC) dado que ha tocado a un exmilitante de CC, Marcial Morales. CC tiene un acuerdo previo con Unidos por Gran Canaria, centro derecha laica, en la isla y en el sur grancanario el dinero está nervioso por si Prica aspira a concejalías estratégicas como turismo o urbanismo, cómodamente en manos de CC actualmente. De momento, se tienen que reunir con Unidos y CC, "esto no es una cosa de Tenerife, ellos vienen de estar gobernando en los últimos 12 años en la isla" dijo a Maspalomas24H una fuente empresarial.
"Siempre hemos sido fuerzas aperturistas, no vamos a tolerar sectas", dijo a Maspalomas24H una fuente de CC que pidió no ser citado. En el sector hotelero la cosa no difiere mucho: "El despliegue de esas nuevas siglas introduce un factor de distorsión en la hoja de ruta de los pactos de gobierno locales del sur de Gran Canaria, donde el control de los presupuestos y la planificación del suelo de Maspalomas, Meloneras y Mogán dependen de equilibrios de coalición altamente sensibles", explicó un empresario del sector hotelero que en el pasado aportó dinero a Nueva Canarias y pidió el anonimato.
Y es que la maniobra de Prica en Las Palmas impacta directamente sobre la línea de flotación de la alianza estratégica que Coalición Canaria Gran Canaria (CC) y Unidos por Gran Canaria (UxGC) sellaron el pasado 12 de febrero de 2026. Aquel acuerdo de confluencia nacionalista, rubricado por el secretario general de CC, Pablo Rodríguez, y el presidente de UxGC, Lucas Bravo de Laguna, buscaba unificar el voto de obediencia canaria en la isla para elevar el peso específico de la provincia en el Congreso de los Diputados. La dirección de Unidos por Gran Canaria, formación que aporta una base electoral consolidada de más de 18.000 sufragios en el balance insular, ha solicitado una reunión de urgencia con la cúpula de CC para frenar lo que consideran una injerencia inaceptable que dinamita los compromisos de estabilidad territorial firmados para el sur.
En las corporaciones locales de la comarca meridional, el movimiento de fichas se interpreta como una amenaza para la continuidad de los planes generales de ordenación y las licencias turísticas en tramitación. San Bartolomé de Tirajana y Mogán operan tradicionalmente como feudos donde las alianzas políticas determinan la adjudicación de servicios públicos millonarios y el ritmo de las inversiones de los fondos de capital extranjero. Una fragmentación del voto nacionalista provocada por la irrupción de Prica debilita la posición negociadora de los alcaldes de la zona frente al Gobierno de Canarias, reabriendo viejas brechas en un espacio político que arrastraba más de dos décadas de división interna.
El diseño del pacto de febrero de 2026 contemplaba la creación de una mesa de seguimiento paritaria para blindar la paz institucional y coordinar la acción política en los municipios clave del motor económico canario. El argumento defendido por Lucas Bravo de Laguna se basaba en la generosidad política y la unidad de acción para incrementar la representación de la provincia de Las Palmas, un planteamiento que ahora queda supeditado a la capacidad de CC para desautorizar las candidaturas no pactadas. La falta de control orgánico de la dirección nacionalista sobre las marcas satélites proyecta una imagen de debilidad regulatoria ante las patronales hoteleras, que priorizan la predictibilidad política antes de comprometer flujos de inversión.
Por su parte, Pablo Rodríguez había vinculado el éxito de la confluencia al fin de la polarización partidista y a la consolidación de un centro de decisión netamente archipielágico de cara al horizonte electoral de 2027. La realidad del subsuelo político del sur dicta dinámicas distintas, donde los comités locales de Mogán y San Bartolomé de Tirajana defienden su autonomía de gestión frente a los dictámenes de las sedes capitalinas. La aparición de Prica sin el visto bueno de la dirección central rompe la disciplina de bloques, forzando a los operadores turísticos locales a diversificar sus canales de interlocución ante el riesgo de un escenario de ingobernabilidad y fragmentación de actas en los consistorios norteños y sureños.
La disputa por el liderazgo del espacio nacionalista se traslada ahora a los despachos de las comisiones de garantías de los partidos. UxGC exige el cumplimiento estricto del documento de confluencia, recordando que su aportación de capital político es indispensable para asegurar los márgenes de beneficio electoral en la provincia. El sector alojativo de alta gama del sur de Gran Canaria observa el litigio con la certeza de que cualquier inestabilidad en las listas municipales se traduce de inmediato en retrasos en la tramitación de los expedientes de modernización urbana y licencias hoteleras, los verdaderos activos que sostienen la rentabilidad del litoral.
