El Parlamento de Canarias ha aprobado una ley sectorial que altera el marco jurídico y financiero de los principales motores económicos del archipiélago. La nueva Ley de Municipios Turísticos de Canarias dota por primera vez a las corporaciones locales de un régimen administrativo propio. La legislación está diseñada para corregir el déficit estructural de las haciendas municipales del sur de Gran Canaria, obligadas históricamente a costear servicios públicos dimensionados para millones de visitantes anuales con presupuestos calculados únicamente sobre la población empadronada. La norma introduce un sistema de ponderación que reconoce la presión de la población flotante en la asignación de recursos públicos.
Los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, núcleos donde se concentra la mayor planta alojativa de la provincia, capitalizan un texto legislativo que han impulsado a través de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC). La insuficiencia presupuestaria para el mantenimiento de áreas críticas como la limpieza viaria, la seguridad en playas y las infraestructuras del litoral ha tensionado las cuentas de los municipios sureños durante décadas. El vocal de la AMTC y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, señala que la ley permite adaptar de forma legal la organización de los consistorios a la demografía real que atienden en destino, superando las limitaciones del censo de residentes.
La ley liquida la antigua consideración genérica de territorio turístico e instaura un modelo de clasificación basado en variables macroeconómicas Auditables. La normativa establece las categorías de Municipio Turístico de Excelencia y Municipio Turístico de Singularidad. Para acceder al estatus de Excelencia, los destinos del sur de Gran Canaria deben certificar que la actividad turística genera más del 15% de su economía local. Asimismo, el texto exige cumplir de manera simultánea dos de tres requisitos objetivos: un volumen determinado de población flotante anual, una capacidad alojativa de masa o una densidad relevante de establecimientos hoteleros de alta categoría de cuatro y cinco estrellas.
El nuevo marco legal acarrea obligaciones operativas estrictas para los ayuntamientos beneficiarios. Las corporaciones locales que asuman el estatus de excelencia deberán diseñar e implementar de forma obligatoria un plan de ordenación turística municipal. El texto define un catálogo exhaustivo de servicios mínimos obligatorios que desborda las competencias tradicionales de la ley de bases de régimen local. Los municipios del sur grancanario asumen por imperativo legal las tareas de vigilancia medioambiental, la monitorización y control de ruidos en zonas de ocio, el refuerzo de la recogida de residuos, la creación de refugios climáticos urbanos y el despliegue permanente de socorrismo en el litoral.
La contrapartida institucional de esta exigencia es el ingreso directo de los municipios turísticos en los órganos de gobernanza de la comunidad autónoma. Los alcaldes sureños contarán con voz y voto en las mesas de planificación estratégica y en los foros de distribución de fondos públicos del Gobierno de Canarias, un espacio donde tradicionalmente la representatividad dependía del peso demográfico residencial y no de la aportación al producto interior bruto (PIB) regional. Esta capacidad de codecisión busca reorientar las inversiones en infraestructuras hacia la renovación de los espacios públicos degradados de Playa del Inglés o Puerto Rico.
La ley contempla un principio de flexibilización en los umbrales de acceso para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, protegiendo las economías de menor escala y los territorios afectados por el reto demográfico. Esta modulación del texto garantizó el consenso unánime de los grupos parlamentarios en una sesión que los gestores de la AMTC califican de histórica para el equilibrio de las administraciones canarias. Tras la validación de la proposición de ley, la asociación de catorce municipios turísticos concentra sus esfuerzos en la redacción del reglamento de desarrollo que fijará las transferencias financieras definitivas.
El sector hotelero y los fondos de inversión internacionales que operan en los resorts de Meloneras observan la norma como una garantía de sostenibilidad para el destino a largo plazo. La viabilidad del modelo turístico del sur de Gran Canaria requería un mecanismo de compensación fiscal que impidiera el deterioro de los servicios públicos en las zonas turísticas exclusivas. El blindaje presupuestario que promete la nueva ley del suelo e ingresos turísticos estabiliza los balances de los ayuntamientos, garantizando que el mantenimiento de las dunas de Maspalomas y sus infraestructuras de servicios no dependa de la volatilidad de la recaudación fiscal ordinaria.
