El mapa judicial español ha asistido a un peculiar sainete burocrático por el control de una causa penal cuya cuantía económica apenas habría servido para sufragar una cena modesta. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha tenido que intervenir de urgencia para resolver un conflicto negativo de competencia territorial que mantenía paralizadas unas diligencias por estafa informática, según podido confirmar Maspalomas24H. La disputa enfrentó en bucle a juzgados de tres comunidades autónomas diferentes debido a una compra online de tan solo 73,60 euros, un importe menor que terminó movilizando a la más alta instancia jurídica del país bajo la ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta.
El origen del enredo procesal se sitúa en el sur de Gran Canaria. El juzgado de instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana recibió la denuncia de una ciudadana madrileña que afirmaba haber sido víctima de un fraude en la red al adquirir un artículo a un comercio radicado en Burgos. Pese a que el presunto delito carecía de cualquier arraigo o elemento fáctico en el archipiélago, el órgano judicial canario incoó las diligencias previas. Pocas semanas después, la sede isleña intentó desprenderse del expediente enviándolo por primera vez a tierras castellanas, alegando criterios de eficacia en la investigación. El juzgado de Burgos rechazó de plano la inhibición, devolviendo la patata caliente a las islas.
La insistencia del juzgado de San Bartolomé de Tirajana derivó entonces en un giro argumental inesperado. En un segundo intento por archivar la carpeta, el órgano canario dictó un nuevo auto remitiendo las actuaciones al decanato de Madrid. El razonamiento de la resolución sostenía que en la capital del país residía la víctima y se ubicaba la cuenta corriente desde donde salió el dinero. Sin embargo, en el mismo texto legal se calificaba de irrelevante la conexión madrileña para el éxito de las pesquisas. Al recibir el testigo, el juzgado de instrucción número 48 de Madrid se plantó, devolviendo el procedimiento con el argumento de que en la capital no existía absolutamente nada que investigar.
El colapso organizativo obligó a la Fiscalía a emitir un severo dictamen ante el Tribunal Supremo, censurando el defectuoso planteamiento de una cuestión de competencia que se asemejaba más a una carambola a tres bandas que a una controversia procesal ortodoxa. El Ministerio Público afeó al juzgado de Gran Canaria su falta de precisión y la ausencia de una exposición razonada elemental, obligando a los magistrados de la Sala Segunda a dirimir un fraude de tramitación sencilla que amenazaba con eternizarse. Los informes policiales del Grupo de Delitos Tecnológicos revelaron, además, la existencia de una avalancha de denuncias similares a nivel nacional contra la misma empresa investigada.
La resolución definitiva del Tribunal Supremo ha aplicado el principio de funcionalidad para cortar el nudo gordiano del expediente. El alto tribunal ha recordado que el delito de estafa informática se comete técnicamente en todos los lugares donde se despliegan sus elementos típicos, desde el domicilio de la víctima hasta la ubicación de las cuentas de origen y destino. Ante la dispersión geográfica de los afectados, la sala ha determinado que el juzgado de Burgos es el único capacitado para centralizar la causa de forma eficaz, al coincidir en su territorio el domicilio del sospechoso, el foco del engaño en la web y la cuenta receptora de los fondos. Las islas y Madrid quedan así liberadas de una carga procesal que nunca les perteneció.
