El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha asestado un golpe definitivo a la estrategia recaudatoria de Onalia Bueno en el sur de Gran Canaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario ha anulado la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios y Realización de Actividades Derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad. El fallo judicial da la razón a los argumentos jurídicos de la patronal, estimando el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas (FEHT) en un proceso donde la consultora KPMG ha ganado el pulso técnico a la ingeniería financiera del ayuntamiento sureño.
La sentencia dictaminada desmantela el armazón legal de un gravamen que pretendía cobrar 0,15 euros diarios a cada visitante alojado en los establecimientos turísticos del municipio. La alcaldesa de Mogán justificó la implantación del tributo en febrero de 2025 bajo la premisa de que un destino de masas requería fondos extra para sostener los servicios públicos esenciales. La realidad del primer año de vigencia de la norma se saldó con una recaudación de 1,4 millones de euros, un flujo de caja que ahora queda congelado tras el varapalo judicial que califica la iniciativa municipal de burdo intento de camuflar un impuesto bajo el paraguas de una tasa local.
Los magistrados de la sala autonómica coinciden con la tesis empresarial al señalar que el consistorio incurrió en una flagrante vulneración del principio de reserva de ley. El tribunal subraya que los municipios carecen de competencias para inventar figuras impositivas propias, una potestad reservada a las administraciones autonómicas y estatales. El fallo determina que la ordenanza desnaturalizó el concepto jurídico de tasa para configurar un ecotributo encubierto, aprovechando una fachada de sostenibilidad ambiental para rellenar las arcas municipales a costa del sector alojativo.
El núcleo de la resolución judicial censura la imprecisión deliberada en la redacción del texto aprobado por el grupo de gobierno de Juntos por Mogán. La sentencia resalta que el hecho imponible se articuló mediante expresiones vagas, abstractas y genéricas que impedían determinar qué servicios concretos recibía el contribuyente a cambio de su dinero. Términos utilizados en la ordenanza como "proyectos medioambientales", "acciones derivadas del turismo", "economía circular" o "protección del patrimonio histórico" han sido tachados de ambiguos por el TSJC, que exige una relación nítida, clara y precisa entre el pago y la contraprestación pública.
La ofensiva jurídica de la FEHT también puso el foco en las deficiencias técnicas del informe económico-financiero que sustentaba la tasa turística. El estudio de KPMG omitió la concurrencia de subvenciones públicas recibidas por el ayuntamiento e incluyó de forma indebida costes generales de funcionamiento de la propia estructura burocrática municipal. La ordenanza vulneraba además el principio de capacidad económica del visitante al fijar una tarifa plana idéntica para todos los usuarios, sin discriminar entre las diferentes categorías de los hoteles de lujo y los complejos de apartamentos extrahoteleros.
El descontento del sector turístico se vio agravado por la decisión municipal de trasladar la carga administrativa y la responsabilidad del cobro a los propios empresarios y propietarios de los inmuebles. Los turoperadores y hoteleros se vieron convertidos por decreto en recaudadores forzosos de un tributo de dudosa legalidad, un factor que generó el rechazo unánime de los partidos de la oposición en el pleno, donde Nueva Canarias y el PSOE ya habían advertido de las carencias del documento. La resolución del TSJC confirma los peores pronósticos para el consistorio, que ve cómo el tribunal paraliza de forma definitiva el cobro un día después de que el diario digital elDiario.es adelantara los detalles de la sentencia que deja en el aire la viabilidad de los presupuestos de Mogán.
