El tablero político de Gran Canaria se mueve bajo una placa tectónica de incertidumbre. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC que fulminó su tasa turística. El fallo, que dio la razón a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), ha cerrado —de momento— el capítulo de un impuesto que la patronal tildaba de "improcedente" y "materialmente un impuesto" disfrazado de tasa. Pero detrás del conflicto jurídico subyace un choque de trenes de largo alcance.
La FEHT celebra la resolución judicial como un triunfo de la seguridad jurídica. Su tesis ha sido firme: los ayuntamientos carecen de potestad para crear impuestos que gravan la pernoctación, una competencia reservada al legislador autonómico o estatal. Además, los empresarios señalan la sobrecarga fiscal que soporta un sector que ya aporta cerca del 40% de la recaudación del IGIC. Para la patronal, la tasa de Mogán era una doble imposición que erosionaba la competitividad del destino.
El escenario cambia por el ascenso de la figura de Onalia Bueno. Su próxima integración en las filas del Partido Popular, sumada a su capacidad para movilizar votos en el sur de Gran Canaria, la sitúa como una pieza de peso en el Cabildo insular. El salto de Bueno hacia el poder insular altera las dinámicas de relación entre el sector hotelero y el gobierno de la isla.
Los empresarios, acostumbrados a un diálogo institucional bajo cánones tradicionales, observan con recelo el aterrizaje de una alcaldesa que no duda en desafiar los marcos normativos vigentes ni en confrontar la estructura tributaria del sector. La FEHT se enfrenta a una paradoja: mientras celebran la victoria judicial en Mogán, observan cómo su principal antagonista en esta batalla podría ganar en influencia y capacidad de maniobra dentro del Cabildo de Gran Canaria.
Bueno insiste en que su tasa no era recaudatoria, sino un mecanismo para corregir el desequilibrio en servicios básicos como el ciclo integral del agua y la gestión de residuos, costes que hasta ahora asume el residente local. La alcaldesa prepara el camino ante el Supremo con la mirada puesta en el futuro. Si el salto al Cabildo se materializa con la ambición que proyecta, el sector turístico podría dejar de negociar con un ayuntamiento para lidiar con una nueva arquitectura de poder insular. El riesgo para la patronal es real: el conflicto jurídico en Mogán podría ser solo el ensayo general de una nueva era en las políticas fiscales del turismo en Gran Canaria.
