El sur de Gran Canaria, pulmón logístico y turístico del archipiélago, se convierte en el epicentro de la nueva ofensiva del Gobierno de Canarias contra la opacidad en el mercado de combustibles. La reciente encomienda de gestión entre la Viceconsejería de Economía y la Dirección General de Comercio y Consumo no es un simple trámite administrativo; es la puesta en marcha de un brazo inspector especializado que pondrá el foco en las estaciones de servicio que vertebran la actividad en municipios como Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana.
Las gasolineras del sur grancanario, que soportan un tráfico diario intensivo por la movilidad de miles de turistas y la constante demanda de las flotas de transporte, están bajo la lupa. La falta de medios inspectores que hasta ahora frenaba la capacidad del órgano de Defensa de la Competencia se ha resuelto mediante el despliegue del personal de Consumo. Los inspectores ya están facultados para presentarse en las estaciones de servicio de toda la comarca para auditar documentación, comprobar márgenes de beneficio y exigir una justificación precisa sobre cómo se fijan los precios al surtidor.
Para el tejido empresarial de esta zona, donde el coste del combustible impacta directamente en la competitividad de las actividades turísticas y en la economía de los residentes, la medida supone un cambio de paradigma. Los inspectores desplazados al terreno operarán bajo una estricta dirección funcional: su labor es recoger actas, custodiar documentos y tomar datos sobre las incidencias en el suministro. Cualquier intento de ocultación de información o negativa a aportar los libros de precios será documentado formalmente para que el Consejo Canario de Defensa de la Competencia evalúe posibles infracciones.
La decisión busca, según fuentes regionales, racionalizar el control sobre un mercado donde las disparidades de precios han sido una queja recurrente en los núcleos turísticos de Gran Canaria. Con esta estructura, el Gobierno pretende que los requerimientos de información no se queden en notificaciones burocráticas, sino que se transformen en visitas presenciales en las estaciones de servicio del sur, asegurando que la información sea real y no esté alterada por prácticas que pudieran restringir la competencia en un enclave vital para el consumo insular.
