La gestión de las viviendas en zonas turísticas de Gran Canaria atraviesa un momento de máxima tensión política y administrativa. Mientras el Patronato de Turismo de Gran Canaria (PSOE) continúa con su línea de control y sanción, el Grupo Parlamentario Socialista ha movido ficha en el Parlamento de Canarias con el registro de una Proposición de Ley que busca neutralizar precisamente el alcance de esos procedimientos. El titular del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha sido proclamado candidato a la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana en 2027.
La controversia, que afecta a miles de residentes en el sur de Gran Canaria, se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político regional. Mientras el Gobierno defiende la normativa actual como necesaria para proteger la calidad del modelo turístico, la oposición socialista utiliza esta Proposición de Ley para visibilizar el conflicto social y elevar la exigencia de compatibilizar el desarrollo del sector con el derecho a la vivienda habitual en las zonas de mayor demanda turística.
La iniciativa socialista pretende modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística y la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. El objetivo declarado por el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, es "poner fin a las sanciones automáticas" que afectan a propietarios que residen legalmente en sus casas. La propuesta plantea que, cuando el planeamiento urbanístico permita el uso residencial, se detengan los expedientes sancionadores, se archiven los que no son firmes y se extingan las multas pendientes, dando así un giro de 180 grados a la estrategia actual.
Este movimiento sitúa al Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular en una posición complicada. Los socialistas denuncian que la rigidez en la interpretación de la "unidad de explotación" —la norma que ampara las sanciones actuales— se está utilizando para expulsar a residentes de sus hogares bajo una lógica que, según el PSOE, ignora la realidad social de miles de familias.
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Ley Turística ha respaldado la medida, subrayando que muchos de estos propietarios adquirieron sus inmuebles cuando no existían restricciones de uso residencial. Desde esta perspectiva, la intervención del PSOE se presenta como una vía para aportar seguridad jurídica, frente a una administración que, a través de sus entes turísticos, mantiene el pulso sancionador en un intento por blindar exclusivamente el uso alojativo en los complejos turísticos.
