La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que pone fin a un bloqueo administrativo de casi dos décadas en el litoral del municipio de Agüimes. El fallo, notificado el pasado 15 de junio, obliga a la Administración General del Estado a retomar el expediente de expropiación de terrenos en la Playa del Cabrón y el Monumento Natural de Arinaga, una zona de alto valor ecológico que permanecía en un limbo jurídico desde 2008 por el PSOE. La resolución judicial desarticula la tesis de la Administración, que durante años había alegado una supuesta caducidad o desistimiento tácito para evitar completar la adquisición de los suelos.
El origen de este litigio se remonta al Acuerdo del Consejo de Ministros de julio de 2008, que declaró la utilidad pública y la necesidad de ocupación de las fincas afectadas por su ubicación en áreas clave para la biodiversidad marina y terrestre. El entorno, que abarca los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de Punta de la Sal, Arinaga y Playa del Cabrón, posee una importancia geológica y etnográfica innegable, albergando además hornos de cal históricos y zonas de restauración litoral.
A pesar de que inicialmente se alcanzó un preacuerdo de mutuo acuerdo por 7,50 euros el metro cuadrado, la operación se frustró debido a discrepancias catastrales y registrales que los propietarios no lograron solventar en los plazos fijados. Ante esta inacción, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar decidió, años después, desestimar cualquier trámite adicional, amparándose en la supuesta pérdida de interés público y el largo tiempo transcurrido.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por el magistrado Fernando Luis Ruiz Piñeiro, ha rechazado de plano el argumento del "desistimiento tácito" invocado por la Administración. La sentencia subraya que el simple paso del tiempo no equivale a una renuncia del Estado sobre unos terrenos cuya declaración de utilidad pública sigue vigente. "No existe acto alguno que permita atisbar una declaración de voluntad de abandonar el expediente", sostiene el tribunal, marcando un límite claro a la discrecionalidad administrativa para desentenderse de procesos expropiatorios iniciados.
El tribunal recalca que las deficiencias registrales que en su día frenaron el pago del justiprecio son obstáculos subsanables y, por tanto, no justifican el archivo definitivo del expediente. La Audiencia establece que, si bien el preacuerdo original perdió su efectividad por la falta de cumplimiento de las partes, esto no impide abrir una nueva pieza de justiprecio para determinar el valor real de los bienes.
La decisión judicial supone un varapalo para la gestión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y también para el Cabildo de Gran Canaria, que se había personado como codemandado junto al Instituto Piadoso Eclesiástico Jesús Sacramentado. Todos los actores públicos habían solicitado la desestimación del recurso, coincidiendo en la intención de dar carpetazo al proceso.
El fallo obliga ahora al Ministerio a reactivar la maquinaria administrativa, debiendo notificar a los propietarios —una comunidad de bienes representada por la procuradora Matilde Marín Pérez— la reanudación del procedimiento. La Administración solo podría evitar el pago del justiprecio si, en un giro inesperado, decidiera revocar formalmente la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación que pesa sobre estos parajes, una medida que implicaría una renuncia pública a la protección específica del litoral de Arinaga.
Esta sentencia se convierte en un precedente fundamental para los propietarios de suelos en el sureste grancanario, una zona donde la presión del desarrollo turístico y la protección ambiental a menudo colisionan. La Audiencia Nacional ha dejado claro que, cuando el interés público ha sido declarado formalmente, la Administración no puede simplemente optar por el silencio y la inactividad para eludir sus obligaciones económicas y de gestión territorial. El litoral de Agüimes, clave en la estrategia de conservación de la biodiversidad marina de las islas, vuelve a estar en el radar del Estado, esta vez con la obligación de cerrar el ciclo expropiatorio que dejó abierto hace dieciocho años.
