La gestión hídrica en el sur de Gran Canaria atraviesa un momento de incertidumbre tras la reciente resolución del Consejo Insular de Aguas. El organismo ha dictaminado la caducidad definitiva de diversas ayudas económicas que estaban destinadas a financiar obras hidráulicas y mejoras en los sistemas de riego agrícola correspondientes a la convocatoria iniciada en 2020. Esta decisión administrativa, plasmada en un decreto reciente, deja sin respaldo financiero a proyectos estratégicos que buscaban modernizar la infraestructura de almacenamiento y distribución de agua en municipios clave de la comarca sureña.
La medida afecta de lleno a entidades históricas de la zona. La Heredad Principal de la Villa de San Bartolomé de Tirajana pierde la concesión que permitiría financiar la instalación de un sistema de bombeo solar, una tecnología planteada para optimizar el consumo eléctrico en sus explotaciones. Asimismo, esta entidad tampoco podrá ejecutar la reparación prevista en el tomadero de su balsa de agua, una intervención necesaria para asegurar la eficiencia en la captación de recursos hídricos. Del mismo modo, la Comunidad de Regantes Presa de la Cumbre se queda sin la ayuda destinada a la modernización de sus redes de conducción, una obra fundamental para evitar las pérdidas de agua durante su transporte hacia las fincas.
El motivo técnico que ha desembocado en este cierre de expediente radica en la falta de cumplimiento de los requisitos administrativos por parte de los solicitantes. A pesar de que los proyectos fueron seleccionados inicialmente para recibir el auxilio, la normativa exigía la presentación de una documentación técnica complementaria y la constitución de un aval bancario para garantizar la ejecución de las obras. Tras el paso de los años y el vencimiento de los plazos establecidos en las bases del concurso público, el Consejo Insular de Aguas ha procedido a declarar la caducidad de las concesiones al no haber recibido los documentos ni las garantías financieras requeridas.
Este desenlace administrativo supone un obstáculo significativo para el sector agrario en el sur de la isla. En un contexto marcado por la escasez de precipitaciones y la necesidad urgente de adaptar el campo a métodos de riego más eficientes y sostenibles, la pérdida de esta financiación frena la capacidad de inversión de comunidades y heredades. El esfuerzo técnico y económico que requieren estos proyectos se ve ahora comprometido, obligando a los responsables de las entidades agrarias a buscar alternativas de financiación privada o a esperar futuras convocatorias que permitan actualizar infraestructuras que, en muchos casos, cuentan con décadas de antigüedad.
