La tensión entre el Grupo Lopesan y el Cabildo de Gran Canaria ha alcanzado un nuevo punto de inflexión a raíz de las intervenciones realizadas en el Barranco de Veneguera. La corporación turística ha expresado su malestar tras conocer a través de la prensa que la institución insular ha trasladado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil diversos informes sobre los trabajos ejecutados en este enclave, un paraje de alto valor ambiental, paisajístico y arqueológico, integrado tanto en el Parque Rural del Nublo como en la Reserva de la Biosfera de la isla.
El núcleo del conflicto reside en la forma en que el Cabildo ha procedido. El Grupo Lopesan asegura no haber recibido notificación alguna sobre la apertura de nuevos expedientes administrativos, una situación que, a juicio de la empresa, vulnera el ejercicio de su derecho de audiencia y defensa. El grupo lamenta la falta de cauces institucionales directos para abordar estas discrepancias, recordando que ha mantenido una colaboración histórica con la administración pública y que la transparencia debería ser el marco único para dirimir cualquier cuestión técnica.
Ante las acusaciones vertidas, que incluyen denuncias sobre la supuesta alteración y manipulación de cinco yacimientos arqueológicos en la zona, Lopesan ha optado por una postura de firmeza. La compañía subraya que las actuaciones llevadas a cabo en Veneguera no pueden ser juzgadas como un bloque homogéneo. Se trata, argumentan, de proyectos diferenciados, con finalidades distintas y tramitados mediante expedientes independientes, cada uno de los cuales posee sus propios títulos habilitantes, licencias y autorizaciones administrativas vigentes.
En relación con el plan de adecuación y naturalización del frente costero, la empresa defiende que la obra responde a la necesidad de reparar los daños estructurales provocados por la borrasca Therese y recuperar un espacio degradado. Para ello, afirman contar con la autorización expresa de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias. Por otro lado, las intervenciones en el camino interior de acceso, que incluyen la construcción de puentes de dos ojos, habrían sido diseñadas bajo criterios técnicos específicos para garantizar la seguridad del tránsito y facilitar el drenaje hidráulico del barranco ante episodios de lluvias torrenciales. Estos trabajos, según la mercantil, disponen de las licencias urbanísticas pertinentes otorgadas por el Ayuntamiento de Mogán y de los permisos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
Sobre el delicado tema del patrimonio histórico, Lopesan sostiene que cualquier debate al respecto debe enmarcarse en los procedimientos administrativos específicos ya existentes, incluso en el ámbito judicial si fuera necesario. Consideran fuera de lugar que se trasladen conclusiones a la opinión pública antes de que existan resoluciones firmes o de que la propia empresa haya podido conocer el contenido real de los informes que se han remitido al Seprona. Esta estrategia comunicativa, en palabras del grupo, dificulta el esclarecimiento objetivo de los hechos y puede inducir a valoraciones imprecisas sobre la legalidad de los proyectos.
El Grupo Lopesan se compromete a analizar con minuciosidad la documentación técnica una vez que sea notificada oficialmente por los órganos competentes. Su intención es aportar toda la documentación necesaria para despejar cualquier sombra de duda sobre sus actuaciones. La compañía reitera su confianza plena en que los procedimientos administrativos y judiciales acabarán ratificando no solo la legalidad de sus intervenciones, sino también los beneficios que estas aportan en términos de seguridad y mejora ambiental para la finca agrícola.
La empresa concluye apelando al rigor técnico y jurídico. Insisten en que el análisis de cada expediente debe realizarse respetando las garantías fundamentales, permitiendo que cada actuación sea valorada conforme a la normativa específica que le resulta aplicable y al historial administrativo que la respalda. Mientras el Seprona estudia los informes remitidos, el entorno de Veneguera se mantiene como un escenario de alta sensibilidad donde el desarrollo de infraestructuras y la conservación del patrimonio cultural y natural colisionan, obligando a las administraciones y a la iniciativa privada a medir sus pasos en uno de los rincones más protegidos del sur de Gran Canaria.
