La preservación del patrimonio natural y cultural de Gran Canaria ha entrado en una fase crítica tras la decisión del Cabildo de trasladar al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil una serie de informes técnicos sobre las obras ejecutadas por la mercantil Costa Canaria de Veneguera, S.A. en el paraje del mismo nombre. Este enclave, situado en el corazón del Parque Rural del Nublo y reconocido como Reserva de la Biosfera, está bajo el foco de las autoridades tras detectarse intervenciones que han puesto en riesgo valores arqueológicos de incalculable importancia.
El paso dado por la institución insular responde a requerimientos previos cursados por el Seprona la pasada semana. Los informes, fruto de un seguimiento exhaustivo realizado por el Cabildo, detallan una serie de daños calificados como "muy graves". Según los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico, las obras de desmonte y movimientos de tierra han afectado de manera directa al Bien de Interés Cultural (BIC) conocido como Zona Arqueológica de Cañada de la Mar. El análisis revela una penetración de hasta 17 metros dentro del BIC, resultando en la alteración o destrucción total de cinco yacimientos arqueológicos, entre los que destacan el de Lomo de Los Gatos de Tabaibales y el de Lomo de la Canal.
Las conclusiones del área de Patrimonio Histórico son contundentes: las actuaciones carecían del preceptivo estudio arqueológico global, un documento indispensable dada la alta concentración de restos de las comunidades prehispánicas en la zona. Ante la magnitud de la pérdida, el Cabildo ha derivado el expediente al Gobierno de Canarias, entidad que posee la potestad sancionadora en materia de protección de patrimonio cultural. Los técnicos subrayan que la destrucción de estos bienes es "irreparable", privando a la isla de elementos fundamentales para comprender su pasado aborigen.
Desde la Consejería de Medio Ambiente, la postura es igualmente firme. Los hechos detectados han sido comunicados a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para la apertura de los procedimientos sancionadores que correspondan ante posibles infracciones urbanísticas. Además, la institución insular denuncia la ausencia de trámites básicos de seguridad ambiental. Según consta, ni el Ayuntamiento de Mogán ni la empresa titular de los terrenos han solicitado el informe de compatibilidad ambiental, un requisito obligatorio antes de cualquier intervención en una zona de máxima protección como el Parque Rural del Nublo.
La falta de acceso a las fincas, que ha sido impedido por la mercantil, ha obligado a la administración insular a desplegar medios aéreos para verificar la magnitud de los daños. Este pasado viernes, un helicóptero del Cabildo, acompañado por Agentes de Medio Ambiente, sobrevoló la zona para inspeccionar las intervenciones sobre el terreno. Esta medida subraya la determinación del Cabildo de Gran Canaria por frenar cualquier actividad que comprometa el equilibrio de un espacio que, además de su valor histórico, es un hábitat clave para la conservación de la avifauna y alberga ecosistemas de interés comunitario.
Mientras el Seprona analiza la documentación y avanza en la investigación, el Barranco de Veneguera se convierte en el escenario de una batalla administrativa y judicial. La colisión entre los proyectos de desarrollo en la finca agrícola y la estricta normativa de protección ambiental marca el inicio de un proceso que determinará si las obras realizadas contaban con la cobertura legal necesaria o si, por el contrario, se ha cometido un expolio sistemático sobre el patrimonio arqueológico y natural de todos los grancanarios. La vigilancia por parte del Cabildo continúa, manteniendo el foco puesto en la protección de uno de los entornos más singulares y sensibles de la isla.
