El sur de Gran Canaria, con su litoral y sus áreas protegidas, se encuentra en un punto de inflexión. Durante décadas, la ausencia de una regulación autonómica específica para los establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre ha derivado en una ocupación del territorio caracterizada por la improvisación y la falta de control. La proliferación de caravanas, campings espontáneos y nuevas modalidades como las cabañas, yurtas o burbujas ha crecido al margen de cualquier planificación, generando tensiones territoriales y un impacto ambiental creciente en espacios frágiles, muchos de ellos dentro de la Red Natura 2000. Ahora, el Gobierno de Canarias ha decidido desde este lunes poner orden mediante una ambiciosa iniciativa reglamentaria que busca regular esta modalidad de alojamiento desde una triple vertiente: económica, social y ambiental. Para ello ha remitido el futuro texto legal a los abogados del Consejo Consultivo.
El sur de la isla, por su importancia geográfica y su elevada presión turística, será uno de los escenarios donde la aplicación de este reglamento sea más necesaria. La normativa no solo pretende proteger el medio ambiente frente a posibles excesos, sino también garantizar que los usuarios disfruten de instalaciones adecuadas, con servicios básicos y condiciones de seguridad que hoy son, en muchos casos, inexistentes. Con la entrada en vigor prevista para tres meses después de su publicación, el archipiélago se encamina hacia un modelo más maduro, donde el turismo al aire libre deje de ser un fenómeno invisible para convertirse en un eslabón sostenible, planificado y reglamentado de la economía canaria.
El diagnóstico es claro: un destino que aspira a mantener su liderazgo internacional no puede permitirse un vacío legal en un sector en plena expansión. Esta desatención normativa, que se remonta a la eliminación de los "campamentos de turismo" en la antigua ley de 1995, ha dejado tanto a las administraciones como a los inversores en una situación de indefensión. La falta de reglas claras ha impedido el desarrollo de infraestructuras adecuadas, perjudicando tanto la seguridad jurídica de los empresarios que desean emprender de forma profesional, como el confort y las garantías de los usuarios turísticos. Con este nuevo marco, se pretende transitar de la incertidumbre actual a un modelo donde la sostenibilidad sea el eje rector.
La iniciativa, impulsada bajo los principios de la Agenda 2030, clasifica por fin las distintas tipologías de alojamiento. Los campings, las áreas de pernocta de autocaravanas, las acampadas en edificaciones rurales y los alojamientos singulares quedarán sujetos a una normativa que prioriza la protección del suelo rústico y del litoral. El objetivo es que la ocupación del espacio no sea el resultado del azar o la falta de vigilancia, sino una actividad planificada que cumpla con los estándares de seguridad y calidad exigidos. Para ello, el texto legal vincula la sostenibilidad con la competitividad, asegurando que el nuevo modelo turístico aporte riqueza y empleo de calidad sin comprometer el entorno natural.
La implementación del sistema operará bajo el modelo de declaración responsable, lo que permitirá simplificar las cargas administrativas innecesarias para los promotores, garantizando al mismo tiempo una labor de inspección más efectiva. La coordinación interadministrativa será el motor del cambio: mientras que el Gobierno regional fijará las condiciones de apertura y servicios mínimos, los Cabildos Insulares gestionarán el Registro General Turístico, y los Ayuntamientos mantendrán el papel protagonista en el otorgamiento de licencias y en la vigilancia de los planes de autoprotección. Esta estructura busca evitar las duplicidades y los vacíos normativos que históricamente han dificultado la convivencia entre el turismo itinerante y la conservación del territorio.
El impacto económico de esta regulación se prevé positivo. Al otorgar seguridad jurídica a los operadores, se espera estimular el emprendimiento y la profesionalización del sector. Además, la incorporación de estos establecimientos al registro permitirá una mejor recaudación tributaria y un mayor control sobre la oferta disponible, erradicando prácticas de competencia desleal que han proliferado al calor del desorden. Las nuevas tipologías de alojamiento podrán así integrarse en el sistema económico formal, contribuyendo a la diversificación de una oferta que, tradicionalmente dependiente del hotel de sol y playa, busca ahora adaptarse a las nuevas exigencias de un viajero que valora tanto la calidad de los servicios como la preservación del paisaje.
