La política fiscal turística en el archipiélago se ha convertido en el escenario de una paradoja inabarcable para el Partido Socialista. La reciente anulación judicial de la tasa turística impulsada por el consistorio de Onalia Bueno (PP) en Mogán ha desnudado una profunda disonancia táctica y doctrinal dentro de las filas socialistas. Mientras los concejales del PSOE en el municipio del sur de Gran Canaria celebran con dureza el varapalo judicial —tildando la medida local de populismo improvisado e inseguridad jurídica—, sus compañeros en Tenerife y en el Parlamento regional acusan al Gobierno autonómico de inacción por no implantar un tributo similar, exigiendo un marco fiscal que grave a los visitantes para aliviar la presión sobre el territorio.
Esta brecha geográfico-política expone un dilema incómodo para la formación. En el sur grancanario, los socialistas han argumentado con insistencia que el ayuntamiento carecía de competencias y rigor técnico, priorizando el titular propagandístico frente a la planificación fiscal. Sin embargo, a pocos kilómetros y en el ámbito insular tinerfeño, la postura oficial del partido defiende exactamente lo contrario: la urgencia de dotar a los municipios turísticos de herramientas financieras mediante una ecotasa regulada y homogénea. Esta dualidad deja al partido en una posición ambigua, criticando en el ámbito local el mismo espíritu de tributación turística que promueve y reclama como solución estructural desde la oposición en el resto de las islas.
Para comprender el fondo de este laberinto político, es necesario examinar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declaró nula la pionera ordenanza de Mogán. Los magistrados desmantelaron el tributo al considerar que el ayuntamiento había tratado de «camuflar» un impuesto encubierto bajo la apariencia jurídica de una tasa por la prestación de servicios, eludiendo así las competencias exclusivas que la legislación reserva al Gobierno autonómico. La reacción local no tardó en evidenciar la fractura interna del socialismo canario. Desde la oposición municipal en el sur grancanario, los ediles del PSOE celebraron el fallo judicial con dureza, acusando a la alcaldesa de anteponer el titular propagandístico al rigor técnico y de generar una peligrosa inseguridad jurídica. Los socialistas de Mogán argumentaron con insistencia que la medida carecía de la planificación necesaria y que el municipio no tenía competencias para legislar sobre una materia fiscal de tal calado.
Sin embargo, esta línea argumental choca frontalmente con la estrategia que el PSOE despliega en el resto de las islas y en la cámara regional. Mientras en el municipio turístico del sur se penaliza la improvisación fiscal, los diputados socialistas en el Parlamento de Canarias reprochan al Ejecutivo autonómico su inacción frente a los colosales sobrecostes que soportan los ayuntamientos turísticos, defendiendo la necesidad urgente de implantar un gravamen regulado. Esta disonancia expone una fractura táctica compleja: el partido condena en el ámbito local el método unilateral y desordenado de la medida, pero reclama simultáneamente a nivel insular un marco normativo homogéneo que garantice la sostenibilidad del territorio mediante la tributación de los visitantes.
En la orilla opuesta del tablero político, el fenómeno de Onalia Bueno y su formación municipalista —a menudo asociada a corrientes de centroderecha y respaldada por estructuras que sintonizan con el nuevo Partido Popular— añade otra capa de contradicción ideológica. La defensa cerrada del consistorio moganero frente al intervencionismo fiscal contrasta con las tensiones que atraviesa la consejería de Hacienda del Gobierno regional, dirigida por Matilde Asián. Desde el ejecutivo autonómico se sostiene con firmeza que la política fiscal general no debe gravar a los residentes ni replicar modelos de corte peninsular como los de Cataluña o Baleares, optando por desvincularse por completo del experimento judicializado de Mogán.
Esta colisión de intereses dibuja un panorama donde los principios económicos quedan subordinados a la trinchera territorial. Los municipios del sur de Gran Canaria, tensionados por una presión demográfica y turística sin precedentes, reclaman herramientas financieras para paliar el desgaste de sus infraestructuras públicas, pero chocan sistemáticamente contra los límites competenciales y el rechazo de las patronales empresariales. La sentencia judicial que tumba la tasa de Mogán no representa, por tanto, un punto final, sino el síntoma más evidente de un archipiélago políticamente fracturado. En este escenario, el PSOE navega entre la crítica local al populismo impositivo y la defensa autonómica de la ecotasa, mientras el bloque político de Onalia Bueno consolida una trinchera de resistencia fiscal que deja al descubierto la profunda debilidad estructural con la que las islas intentan gestionar su principal industria económica.
