El Boletín Oficial de Canarias ha sacado a la luz la tramitación administrativa del expediente 1870/2025, un procedimiento impulsado desde el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria que expone públicamente la solicitud de autorización para la ejecución de obras hidráulicas vinculadas al sector hotelero meridional. La entidad mercantil Maspalomas Resort. Es el proyecto denominado “Perforación de cuatro pozos-sondeos de vertido para las instalaciones del Hotel Costa Meloneras Resort & Spa”, ubicado en el enclave turístico de Meloneras, dentro del término municipal de San Bartolomé de Tirajana. Esta iniciativa busca dar cobertura a las necesidades de saneamiento de un complejo de gran magnitud destinado a un uso exclusivamente turístico y de ocio, reflejando las exigencias técnicas que demanda la alta concentración hotelera en el sur de la isla.
La documentación oficial detalla con absoluta precisión las coordenadas geográficas de las actuaciones previstas sobre el subsuelo de la zona costera. Por otro lado, el proyecto comprende la habilitación de puntos específicos para la evacuación de vertidos en otros cuatro sondeos situados en el entorno del hotel. Los datos técnicos evidencian la envergadura de la intervención subterránea proyectada en un entorno de alto valor ambiental y turístico.
La resolución establece un plazo perentorio de veinte días hábiles, computados a partir de la publicación oficial del anuncio, para que cualquier persona física o jurídica interesada pueda examinar detenidamente la totalidad de los documentos aportados por la promotora turística. El expediente completo se encuentra depositado físicamente en el Negociado de Recursos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, nada de consultas digitales. La firma del documento institucional, fechada el catorce de mayo de 2026, corresponde al vicepresidente del organismo, Miguel Hidalgo.
La tramitación de este expediente abre de nuevo el debate sobre la sostenibilidad de las infraestructuras hidráulicas ligadas al monocultivo turístico en el sur grancanario, donde la gestión de aguas residuales y los vertidos al subsuelo costero exigen un control riguroso por parte de las administraciones públicas. Los colectivos sociales y económicos de la isla disponen ahora de un cauce legal limitado en el tiempo para fiscalizar el alcance real de las obras solicitadas por el complejo hotelero, velando por la integridad del dominio público hidráulico frente a la presión urbanística continuada que caracteriza al litoral de San Bartolomé de Tirajana.
