El Ministerio de Igualdad ha publicado la resolución oficial que detalla la distribución de los fondos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género destinados a las entidades locales para el ejercicio 2026. Los datos revelan una asignación económica insuficiente para los grandes municipios turísticos de las islas, destacando de forma sangrante el caso de San Bartolomé de Tirajana. El principal gigante vacacional del archipiélago recibe una cantidad que roza la insignificancia si se compara con su macroindustria turística, su población flotante y la compleja realidad social que soporta el municipio a diario. Mogán, una cuantía bruta de 14.474,72 euros.
La resolución firmada por la Secretaría de Estado de Igualdad asigna inicialmente una cuantía bruta de 24.311,85 euros a San Bartolomé de Tirajana, de la cual se restan 15.815,71 euros en concepto de compensaciones o ajustes previos, dejando la cantidad final disponible en apenas 8.496,14 euros reales. Esta cifra resulta escandalosa para un territorio que supera los cincuenta mil habitantes empadronados, a los que se suma una población flotante diaria de decenas de miles de turistas procedentes de todos los rincones del planeta. Sostener planes de prevención, recursos de asistencia social, asesoramiento jurídico y redes de protección para mujeres en situación de vulnerabilidad con un presupuesto anual inferior a nueve mil euros evidencia una absoluta desconexión entre los despachos ministeriales de Madrid y las necesidades reales de los ayuntamientos canarios.
La situación se repite de manera alarmante en otros puntos estratégicos de la provincia de Las Palmas, donde los recursos económicos estatales llegan con cuentagotas pese a la masiva afluencia de visitantes. Municipios como Mogán, otro de los grandes enclaves turísticos del sur grancanario, figuran en el listado con asignaciones netas muy limitadas que dificultan enormemente la implantación de políticas públicas estables y dotadas de medios técnicos y humanos adecuados. Los servicios sociales municipales del sur insular llevan años advirtiendo sobre la sobrecarga estructural que padecen, obligados a atender a una población heterogénea y en constante rotación sin el respaldo financiero procedente de los presupuestos generales del Estado.
La insuficiencia de estas partidas económicas trasciende la mera cifra contable para convertirse en un problema estructural de primer orden en la gestión local. Las corporaciones locales se encuentran con la obligación legal de desarrollar nuevas o ampliadas competencias en materia de igualdad y protección contra la violencia machista, pero carecen de la financiación imprescindible para contratar personal especializado, abrir centros de atención urgente o desplegar campañas de concienciación eficaces en un entorno de alta densidad turística. Mientras el Gobierno central presume de destinar millones de euros al despliegue del pacto estatal, la realidad que golpea los municipios turísticos canarios se traduce en partidas ridículas que obligan a los consistorios a malabarismos presupuestarios para cubrir las necesidades más básicas de protección a las víctimas.
