La hipotética alianza entre Coalición Canaria y Primero Canarias (PRICA) de cara a las elecciones de 2027 reconfigura el mapa electoral del sur de Gran Canaria apoyándose en datos muy concretos. Tomando como base los comicios locales de mayo de 2023, donde Coalición Canaria logró 4.829 votos (24,02%) y rozó la hegemonía frente a los 5.363 votos (26,68%) del Partido Popular (PP-AV), la integración de la nueva plataforma escindida de Nueva Canarias introduce una variable demográfica y numérica decisiva.
Un pacto orgánico de esta magnitud conlleva el riesgo de alienar a un sector del electorado progresista que huyó de las siglas tradicionales de Nueva Canarias pero que rechazaría frontalmente una confluencia con el centroderecha nacionalista. Si este sector crítico opta por la abstención o redirige sus votos hacia las opciones estatales —recordando que en las elecciones generales de julio de 2023 el PSOE arrasó en la zona con 6.004 votos (30,69%) y el PP alcanzó los 5.466 votos (27,94%)—, la transferencia de votos prevista se desinfla un 30% o 40% respecto a las expectativas iniciales de los Comités Locales.
Si la suma de los apoyos tradicionales de Coalición Canaria absorbe el nuevo espacio municipalista, el bloque nacionalista unificado superaría de forma holgada los 7.000 sufragios en la comarca sur. Esta cifra representa un sorpaso directo al suelo electoral histórico del Partido Popular en municipios clave como San Bartolomé de Tirajana y Mogán, rompiendo los equilibrios de la legislatura anterior.
Finalmente, en un escenario de equilibrio donde la alianza logre retener un suelo estimado de entre 1.200 y 1.500 votos flotantes procedentes de las antiguas bases de izquierda municipalista, esta fuerza combinada se convertiría en la llave absoluta de la corporación. Con una barrera electoral fijada en el 5% en los municipios canarios para acceder al reparto de concejales por el método D'Hondt, ningún bloque ideológico —ni el pacto conservador ni la alternativa socialista— podría alcanzar los 11 o 13 ediles necesarios para la mayoría absoluta sin contar con el respaldo de esta plataforma bisagra, condicionando áreas de gestión estratégica con presupuestos superiores a los 50 millones de euros anuales en los ayuntamientos turísticos del sur insular.
