La batalla judicial en torno a las energías renovables en la provincia de Las Palmas suma un nuevo capítulo de máxima tensión administrativa y jurídica. La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha dictado un acuerdo oficial con fecha de 15 de julio de 2026 mediante el cual se ordena la remisión formal del expediente administrativo al órgano judicial competente. La medida responde al requerimiento efectuado por la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia, que ha admitido a trámite el procedimiento ordinario número 332 de 2026 para fiscalizar la legalidad de una de las autorizaciones eólicas concedidas en el sur y este de la isla.
El litigio tiene su origen en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ciudadano José Juan Hernández Tarajano contra la resolución del recurso de alzada número 25 de 2024. Dicho recurso administrativo previo se dirigía contra la Resolución número 552 de fecha 13 de mayo de 2024, emitida por la propia Dirección General de Energía, a través de la cual se otorgó a la mercantil Ayagaures Medio Ambiente, filial de la constructora Pérez Moreno. La autorización administrativa preceptiva y la codiciada declaración, en concreto, de utilidad pública. Este respaldo legal resulta indispensable para la materialización del proyecto denominado Parque Eólico Renove II, una instalación de generación limpia con una potencia de 1,8 megavatios proyectada sobre el término municipal de Agüimes, registrada bajo el expediente ER190184.
La declaración de utilidad pública que ahora se dirime en los tribunales constituye un mecanismo jurídico de profunda trascendencia socioeconómica, ya que lleva aparejada la necesidad de ocupación urgente de los terrenos afectados y la imposición de servidumbres de paso indispensables para el izado de aerogeneradores y la evacuación de la energía. Proyectos como este Parque Eólico Renove II, promovidos por Ayagaures Medio Ambiente en el ámbito de Agüimes y su entorno colindante, chocan frecuentemente con la oposición de particulares, propietarios de suelo o colectivos que cuestionan el encaje territorial de las infraestructuras energéticas, abriendo vías de conflictividad en los tribunales que ralentizan el despliegue del nuevo modelo de transición verde en la isla.
La resolución definitiva que emita la Sección de lo Contencioso-administrativo marcará un precedente ineludible sobre los límites de la potestad expropiatoria y la tramitación de expedientes eólicos de pequeña y mediana escala en Gran Canaria. Mientras la promotora Ayagaures Medio Ambiente defiende la vigencia de los permisos obtenidos en 2024 para inyectar más potencia renovable a la red insular desde Agüimes, la ofensiva judicial de los recurrentes pone de manifiesto la compleja convivencia entre la implantación masiva de energías limpias y la salvaguarda de los derechos de los propietarios y el territorio en el sur grancanario.
