La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el marco del recurso de casación interpuesto contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirmando la responsabilidad penal de un empresario de Las Palmas por delitos continuados contra la Seguridad Social y un delito de alzamiento de bienes. Los hechos probados sitúan el epicentro de la operativa defraudatoria en la zona norte y sur de Gran Canaria, destacando transacciones patrimoniales y operaciones de vaciamiento societario vinculadas al municipio turístico de Mogán, donde el acusado intentó sustraer bienes inmuebles de su patrimonio personal para evitar la acción ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
El alto tribunal, bajo la ponencia del magistrado canario Manuel Marchena, ha desestimado los motivos alegados por la defensa en su recurso de casación, en el que se cuestionaba la valoración de la prueba y la subsunción jurídica de los hechos. La Sala de lo Penal corrobora que la creación de este entramado societario fraudulento no respondía a una reestructuración empresarial legítima para reflotar la actividad, sino a una maniobra dolosa preordenada para defraudar a la Seguridad Social, impidiendo materialmente cualquier vía de apremio o embargo efectivo. De este modo, se confirman las penas privativas de libertad impuestas en apelación —fijadas en dos años de prisión por cada uno de los delitos contra la Seguridad Social, al concurrir la atenuante de reparación parcial del daño tras consignar fondos, y un año y medio de prisión por el delito de alzamiento de bienes—, además de las multas millonarias y la inhabilitación especial para la administración de sociedades mercantiles.
La investigación y los posteriores pronunciamientos judiciales de la Audiencia Provincial de Las Palmas y del TSJC destaparon una sistemática y deliberada elusión de las obligaciones tributarias y de cotización social. El patrón operativo consistía en constituir de manera sucesiva diferentes entidades mercantiles en el sector de la construcción a medida que acumulaban deudas millonarias con la Seguridad Social por los impagos de los trabajadores. Así, tras operar con mercantiles como Promor 2009 S.L. y Dirección 001, y ante el inminente inicio de la vía ejecutiva y la declaración de responsabilidad solidaria como administrador único debido a la situación de insolvencia y pérdidas con fondos propios negativos, el acusado puso en marcha una tercera sociedad instrumental.
Para dar continuidad a la actividad empresarial con los mismos medios materiales y personales, pero sin asumir el pasivo acumulado, se simuló la venta de maquinaria, andamios, vehículos y utillaje por un importe superior a los 44.000 euros mediante simples asientos contables y declaraciones fiscales cruzadas que nunca llegaron a abonarse. El movimiento estratégico incluyó además la colocación formal de su esposa como administradora única de la nueva compañía, mientras el principal encausado mantenía el control fáctico de la actividad. Paralelamente, con el propósito evidente de frustrar las legítimas expectativas de cobro de la TGSS, el empresario transmitió un bungalow ubicado en el municipio de Mogán, registrado formalmente en el Registro de la Propiedad, a favor de la nueva mercantil instrumental por un precio aplazado de 240.000 euros, de los cuales únicamente se abonó una cantidad exigua en el momento de la firma ante notario, vaciando así su patrimonio personal realizable.
