La gestión del litoral en el municipio de San Bartolomé de Tirajana vuelve a poner sobre la mesa la complejidad administrativa que arrastran los expedientes de ocupación y dominio público en el sur de Gran Canaria. Las actuaciones recientes impulsadas por la administración central coinciden en el tiempo con la tramitación de expedientes específicos de concesión y regularización de servicios turísticos de playa por Invescati, la sociedad patrimonial de la familia Del Castillo. Se trata de un escenario donde la aportación de documentación cartográfica detallada resulta determinante para desbloquear autorizaciones paralizadas desde hace años. Es la franja costera que hay frente a la cementera de Masaveu y Votorantim.
La exigencia de la Demarcación de Costas de Canarias a los representantes legales de los titulares históricos de terrenos y explotaciones en la costa sureña evidencia el exhaustivo control al que se somete el uso privativo de los espacios públicos marítimo-terrestres. En expedientes previos vinculados a la gestión de instalaciones recreativas, servicios de hamacas y sombrillas o la implantación de quioscos con terraza en el litoral de San Bartolomé de Tirajana, los servicios técnicos del ministerio han requerido de forma recurrente a los administradores y herederos la aclaración precisa de las superficies de ocupación y la subsanación de discrepancias métricas en los proyectos presentados.
Para dar cumplimiento a estos requerimientos técnicos, los representantes de las familias propietarias y sociedades patrimoniales han tenido que aportar de manera formal planos georreferenciados actualizados que delimiten con exactitud milimétrica las coordenadas de localización de cada sector de explotación comercial. Estos planos deben representar de forma indubitada no solo las áreas de dominio público marítimo-terrestre, sino también las líneas de servidumbre de tránsito y de protección que delimitan el frente litoral del sur grancanario, una franja de alto valor económico y turístico donde confluyen intereses privados y restricciones ambientales estrictas.
La necesidad de alinear los expedientes antiguos con la cartografía oficial responde a una estrategia de fiscalización continuada por parte del Estado, que busca ordenar definitivamente la situación jurídica de las concesiones y autorizaciones temporales en las playas y enclaves costeros del sur de la isla. Mientras los departamentos ministeriales resuelven los trámites de información pública para la determinación de derechos históricos sobre parcelas registrales singulares, los operadores turísticos y titulares de licencias deben afrontar complejas subsanaciones técnicas para mantener la legalidad de sus infraestructuras y servicios de temporada frente al rigor de la legislación estatal de Costas.
