La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia de gran relevancia para el tejido económico y laboral del sur de Gran Canaria, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por una trabajadora frente a la resolución judicial previa que avalaba la prórroga de su expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). El litigio, centrado en la situación de una auxiliar administrativa vinculada laboralmente desde mayo de 2007 a la comunidad de propietarios en Maspalomas, trae causa de una cadena de graves incidentes fortuitos y administrativos que mantienen inoperativa la zona de oficinas donde se ubica su centro de trabajo desde hace años.
Los antecedentes fácticos acreditados en la resolución judicial sitúan el origen del conflicto a principios de 2021, concretamente el día 31 de enero, fecha en la que se declaró un incendio destructivo en un local que se propagó rápidamente por el recinto, afectando de manera crítica a más de una veintena de establecimientos, a las galerías y a elementos vitales de las zonas comunes como el techo, las canalizaciones de agua y la centralización de contadores eléctricos.
Ante el evidente peligro para la integridad física de las personas, la compañía suministradora de electricidad procedió de inmediato al corte total del suministro, dejando la superficie comercial completamente inhabilitada. A este golpe inicial se sumó la contundente intervención del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que dictó a principios de 2022 una resolución formal acordando el desalojo y el precinto cautelar de la totalidad del complejo ante la gravedad de los desperfectos acumulados.
Pese a que las labores de rehabilitación iniciales avanzaban a buen ritmo con vistas a una reapertura temprana, la climatología extrema interrumpió de forma drástica las expectativas de recuperación del centro comercial a finales de 2022, tras sufrir importantes goteras y filtraciones provocadas por las precipitaciones asociadas al ciclón Hermine.
Las trombas de agua destruyeron parte de los falsos techos recién instalados y dañaron las nuevas luminarias, retrasando de forma sine die la puesta en marcha de las instalaciones. Aunque el consistorio municipal autorizó en el verano de 2023 el desprecinto parcial de la planta baja y los sótanos para permitir la reapertura de la zona de locales y almacenes, mantuvo de forma estricta la prohibición de acceso y el precinto sobre el edificio de aparcamientos, enclave exacto donde se localiza la oficina administrativa de la comunidad de propietarios y el puesto de trabajo de la demandante.
En este escenario de restricciones administrativas y obras inacabadas, la comunidad de propietarios tramitó sucesivas prórrogas de un ERTE por causas de fuerza mayor amparado en el Estatuto de los Trabajadores, dado que la empleada afectada constituía la única plantilla directa de la entidad vinculada a dicha oficina anexa al garaje.
La trabajadora afectada recurrió judicialmente la medida al considerar injustificada la prolongación temporal de la suspensión contractual, obteniendo inicialmente una respuesta desestimatoria en la instancia social de Las Palmas. El reciente pronunciamiento de la sala superior del TSJC ratifica ahora íntegramente la legalidad de la actuación empresarial, confirmando que concurren de forma indubitada los requisitos de fuerza mayor y la absoluta imposibilidad material de facilitar ocupación efectiva a la empleada mientras persista el precinto municipal y no culminen los trámites de seguridad reglamentarios en el área de aparcamientos del complejo turístico de Maspalomas.
