La hostelería y la restauración del sur de Gran Canaria encaran un horizonte económico de máxima tensión tras el anuncio de la Comisión Europea de prohibir de forma tajante la importación de carne y productos de origen animal procedentes de Brasil a partir del próximo 3 de septiembre. La decisión comunitaria, adoptada por el Comité Permanente para Plantas, Animales, Alimentos y Piensos debido al uso desmesurado de antibióticos, antimicrobianos y sustancias prohibidas como el estradiol, golpea de lleno a un mercado de la hostelería que depende críticamente de este proveedor sudamericano. Con un 70% del consumo de pollo y carne de vacuno en el sur de Gran Canaria procedente de los mataderos brasileños, los bares, restaurantes, asaderos de pollos y negocios de hostelería de zonas turísticas como Maspalomas, El Tablero, San Fernando o Playa del Inglés se preparan para una escalada inminente de los precios en sus materias primas principales.
Los proveedores alternativos como Argentina, Uruguay y Australia en vacuno, o Tailandia, Ucrania y China en aves difícilmente podrán absorber y compensar de manera inmediata el volumen que deja vacante Brasil en el sur de Gran Canaria. Para los profesionales de la hostelería en Maspalomas, el escenario se traduce en un estrechamiento drástico de los márgenes de beneficio, obligando a replantearse la estructura de costes de los menús de cara a la temporada turística de otoño.
El impacto operativo en los establecimientos de hostelería del sur grancanario será directo e inmediato. Los operadores e importadores ya advierten de que la drástica reducción de la oferta obligará a buscar alternativas en otras plazas de distribución cárnica, un trasvase que encarecerá de forma notable cortes esenciales para la restauración como la pechuga de pollo y las piezas de vacuno de primera calidad. Los propietarios de asaderos de pollos y restaurantes locales han mostrado su profunda inquietud ante una dependencia estructural que ahora se quiebra por imperativo legal de Bruselas. Grandes superficies de distribución con arraigo en las Islas, como Makro, han comenzado a liquidar las existencias procedentes del gigante suramericano ante la imposibilidad de reponer stock una vez superado el periodo estival.
La medida, adoptada apenas unas semanas después de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, ha sido valorada positivamente por patronales agrarias y cárnicas nacionales como Asoprovac y Anice. Las organizaciones empresariales señalan que la decisión responde a las reiteradas denuncias sobre las deficiencias en los controles sanitarios brasileños. Por su parte, el gobierno de Lula da Silva ha expresado su total sorpresa ante el veto y ya trabaja para intentar revertir una prohibición que frena exportaciones agroalimentarias hacia la UE valoradas en miles de millones de euros anuales.
