En los hoteles de cinco estrellas de Maspalomas y Meloneras, o de otra parte de Canarias, el lujo se apoya en la atención al detalle. Un bombón de bienvenida en la habitación, una chocolatina personalizada o una gama de amenities de acogida forman parte del estándar corporativo por el que los turistas pagan tarifas elevadas. Sin embargo, tras esta cortesía promocional se libra un complejo litigio tributario sobre la aplicación de las barreras arancelarias en Canarias.
Las cadenas hoteleras gestionan su aprovisionamiento de forma centralizada mediante una "central de compras única". Bajo este modelo, diseñan formulaciones, envases e "identidades corporativas exclusivas" que exigen la contratación de un "único proveedor homologado". Por ejemplo, si un cocinero de alta firma hace un bombón exclusivo para la cadena hotelera, esta exigencia impide operativamente a los hoteles encargar estos insumos a fabricantes locales, al no estar integrados en sus redes de certificación internacional ni resultar "objetivamente sustituibles por producción canaria", según se expuso en la consulta.
El conflicto surge al cruzar la aduana del puerto de Las Palmas. Para blindar el tejido industrial insular, el archipiélago aplica el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM). Mientras la entrega de estos productos elaborados en las islas por productores locales se encuentra "exenta", la introducción de mercancías idénticas procedentes de la Península o del extranjero tributa obligatoriamente.
Ante la consulta sobre si procede aplicar este gravamen cuando existe una "imposibilidad contractual" de adquirir los bienes a proveedores locales, la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias ha emitido un criterio vinculante. En la resolución firmada el 3 de agosto de 2026 por el viceconsejero Gabriel Megías Martínez, la administración precisa que las cláusulas contractuales privadas "no tienen ninguna incidencia en el hecho imponible" y recuerda que los convenios entre particulares "no producirán efectos ante la Administración".
A este debate de política fiscal se suma el contexto regulatorio que rodea a la gestión tributaria insular y la labor de promoción de la marca 'Elaborado en Canarias', impulsada por la patronal ASINCA con subvenciones públicas anuales de unos 350.000 euros consignadas por la Consejería de Industria para la defensa de la producción local. En su resolución, Megías fundamenta la exigencia del impuesto en la estricta aplicación del artículo 21 de la Ley General Tributaria, argumentando que la fecha del devengo determina la obligación fiscal. Al no existir una exención legal específica que contemple la imposibilidad de aprovisionamiento local, la entrada física de la mercancía activa de forma automática la importación sujeta al AIEM para cumplir su "objetivo extrafiscal: la protección de determinada industria canaria".
Esta interpretación deja a la oferta turística de alta gama del sur de Gran Canaria ante un sobrecoste aduanero inevitable. Un mecanismo concebido como herramienta de política industrial finaliza actuando como un peaje fiscal obligatorio sobre insumos de cortesía que, debido a los requerimientos de homologación global, los hoteles no pueden encargar en el mercado insular.
