Detrás de las grandes inversiones económicas y de los plenos municipales se esconde una compleja estructura mercantil y patrimonial. El proyecto para levantar un gran parque comercial y residencial junto a la autovía GC-1, en El Tablero, no surge de la nada: es el resultado de años de titularidad de suelo y de un entramado societario en la sombra que ha sostenido la propiedad de los terrenos hasta conseguir reactivar un expediente urbanístico valorado entre 60 y 70 millones de euros. El concejal de Urbanismo del Sur de Gran Canaria, Alejandro Marichal, ha firmado este verano el avance de la modificación sustancial del PGOU. Solamente hace falta ahora saber quién desde Las Palmas torpedea el proyecto como pasa siempre.
La entidad promotora que detenta la propiedad de los terrenos y encabeza la iniciativa privada es Aranrub, una sociedad que asumió la administración única de su estructura corporativa en mayo de 2022. Sin embargo, el análisis del historial mercantil revela que la órbita de control y gestión de esta y otras entidades asociadas responde a una red cruzada de cargos de administración y socios únicos que abarca más de una veintena de empresas vinculadas al sector agropecuario, promotor, inmobiliario y de consultoría —desde firmas como Shadow Partner Consultants S.L. o Aroyusti S.L. hasta otras estructuras mercantiles con conexiones de representación y apoderamiento que se remontan a más de una década—.
La promotora que encabeza la iniciativa privada y detenta los terrenos del sector T-9 opera a través de una red de administración societaria que lleva más de una década tejiendo cargos de administración única, socios únicos y apoderamientos cruzados. A lo largo de los años, las riendas de este conglomerado empresarial han basculado entre diversas sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario, la gestión patrimonial y la consultoría, un engranaje corporativo opaco pero eficaz para mantener inmovilizado y a la espera el suelo hasta hallar el momento político y administrativo propicio para su recalificación.
Ese momento llegó con el impulso institucional en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde el área de Urbanismo activó los mecanismos plenarios para desatascar un sector que acumulaba lustros paralizado. La confluencia entre los intereses de la propiedad privada y la voluntad de los gestores municipales ha permitido transformar los despachos en el motor administrativo que ahora da luz verde a la tramitación inicial del proyecto.
La intervención urbanística proyectada sobre una superficie total de 168.709 metros cuadrados —tras incorporar más de 44.000 metros cuadrados adicionales de suelo rústico a urbanizable— subvierte por completo el planeamiento original de la zona. Lo que en su día iba destinado íntegramente a la construcción de viviendas residenciales de baja altura se ha reconfigurado para ceder el protagonismo absoluto a la actividad terciaria y económica.
De los más de 65.000 metros cuadrados de edificabilidad total aprobados inicialmente para tramitación: Más de 53.000 metros cuadrados se reservarán a grandes superficies de distribución y bricolaje —con la previsión de albergar operadores de peso como Bricomart, hasta ahora limitados en la isla a la zona capitalina—, acompañados de áreas de restauración, una gasolinera, un gimnasio y espacios de coworking orientados a nuevas demandas laborales.
El uso residencial amortiguador (20% de la edificabilidad): Cerca de 12.700 metros cuadrados se confinarán estrictamente junto al núcleo urbano actual de El Tablero, sirviendo de transición ordenada hacia la mole comercial e industrial próxima a la GC-1 y al polígono. La urbanización inicial absorberá entre 10 y 12 millones de euros, mientras que la ejecución del parque comercial demandará entre 50 y 60 millones, con la promesa de generar más de 600 empleos directos. Todo ello se complementa con cesiones obligatorias para más de 24.000 metros cuadrados de espacios libres públicos y viales.
El expediente, impulsado entre la estrategia mercantil de la promotora y la maquinaria municipal, inicia ahora su travesía más compleja: un periodo de 45 días hábiles de exposición pública y la preceptiva evaluación ambiental estratégica autonómica que marcarán el verdadero pulso de un proyecto llamado a transformar el mapa comercial del sur grancanario.
