Una simple pregunta de trivial geográfico sobre el litoral canario ha puesto patas arriba la burocracia municipal del sur de Gran Canaria. Todo comenzó en julio de 2022, cuando un centenar de aspirantes se sentaron a afrontar el examen tipo test para cubrir catorce plazas de la Policía Local en el Ayuntamiento de Mogán. Entre las cuestiones del cuestionario figuraba la número 47, concebida supuestamente para calibrar el conocimiento territorial de los futuros agentes del orden: saber exactamente cuántas playas salpican la costa del municipio.
La plantilla oficial dictaminó que la respuesta correcta eran diecinueve arenales. Sin embargo, un opositor tenaz, Juan Ulises Santana Suárez, decidió repasar las guías locales, tirar de mapa y contrastar el dato oficial con la realidad geográfica de la zona. Para su sorpresa, sumando cada rincón costero —desde Amadores hasta Veneguera, pasando por Patalavaca, Tauro, Taurito o Arguineguín— el recuento real arrojaba un total de 21 arenales. Ninguna de las opciones ofrecidas por el tribunal coincidía con la cifra correcta, convirtiendo la pregunta en una trampa insalvable nacida de un baile de cifras administrativas.
El aspirante interpuso un recurso inmediato exigiendo la anulación de la pregunta maldita, pero el tribunal calificador optó por mirar hacia otro lado y desestimó la reclamación. Lejos de rendirse, el opositor llevó el caso ante la justicia ordinaria, iniciando un largo periplo legal que ha culminado cuatro años más tarde. El Tribunal de Instancia de Las Palmas ha dictado una sentencia contundente que da la razón al demandante, tumba la pregunta del test y obliga a retrotraer todo el proceso selectivo para recalificar la prueba sin tener en cuenta el misterio de las playas.
El fallo judicial abre ahora un curioso escenario burocrático. Por un lado, la administración local debe convocar de urgencia al viejo tribunal para recalificar los exámenes eliminando la fatídica cuestión número 47. Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo acude al rescate para aplicar la doctrina de los terceros de buena fe, garantizando que los agentes que aprobaron en su día, vistieron el uniforme y ya ejercen como funcionarios de carrera no pierdan su puesto de trabajo por un error de cálculo geográfico cometido hace media década. Una curiosa lección jurídica donde queda demostrado que, en la burocracia municipal, contar mal las playas sale muy caro.
